
En la mañana del miércoles 18 de octubre la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que investiga a los ministerios de Ambiente y del Interior, así como a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la adaptación al cambio climático en varias comunidades indígenas del país.
De acuerdo con el ministerio público, los contratos contaban con un presupuesto de $30.000 millones y se presentaron presuntas irregularidades en la selección del personal para ejecutarlos.
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“Al parecer se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados”, indicó la Procuraduría.
La investigación de la procuraduría desglosa dos contratos en específico, el primero con un valor superior a los $4.900 millones con concepto de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático, suscrito desde el ministerio de Ambiente con la CRC.
El otro contrato tenía un valor de $25.000 millones y el ministerio del Interior se lo entregó a la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) con el objeto fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que integran la Mesa Permanente de Concertación, un organismo encargado de mantener las relaciones entre las comunidades indígenas y el Gobierno nacional.
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“El Ministerio Público solicitó copia de los convenios suscritos, así como información de los funcionarios de las entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los documentos”, sostuvo la Procuraduría.
Otra de las irregularidades identificadas en medio de las indagaciones es la realización de actividades relacionadas con los pueblos indígenas en las cuales hubo sobrecostos.
Denunciaron millonarios contratos para que marcharan a favor de Petro
Las organizaciones indígenas del país marcharon el 27 de septiembre en Bogotá a favor del presidente Gustavo Petro y la masiva convocatoria de miles de personas de la minga fue cuestionada porque, supuestamente, se usaron recursos del Estado para incentivar la movilización.
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De acuerdo con el concejal de Bogotá Daniel Briceño, la Organización Nacional Indígena (Onic) recibió contratos por casi $40.000 millones desde que llegó Gustavo Petro al mandato, por lo que en muestra de agradecimiento convocó a los pueblos indígenas ala marcha.
“La minga indígena llega a Bogotá para apoyar la marcha en favor del Gobierno de Gustavo Petro. Esta movilización está liderada por la Organización Nacional Indígena (Onic), quienes durante el Gobierno Petro han recibido contratos a dedo por $39.247.000.000″, indicó Briceño.

El concejal de Bogotá anexó una lista de contratos que suscribió el Gobierno nacional con la Organización Nacional Indígena desde la llegada de Gustavo Petro al poder.
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Uno de los documentos data del 26 de junio del 2023 y se extiende hasta el 31 de diciembre. El presupuesto del contrato es de 25.000 millones de pesos y tiene como objetivo fomentar el “fortalecimiento de los saberes políticos, culturales y espirituales”. Ese es justamente uno de los documentos que tienen bajo la lupa de la Procuraduría al ministerio del Interior.
Otro contrato suscrito por el MinInterior autorizó un pago de $4.942.770.000 a la Onic para que socializara la implementación del Plan Nacional de desarrollo. El documento tuvo vigencia de un mes, es decir que a diario se le pagó al contratista casi $160 millones.
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Un tercer acuerdo contractual fue suscrito desde el Departamento Nacional de Planeación con la Onic, pero esta vez por un monto de $1.300 millones de pesos por concepto de reunir los aportes de las poblaciones indígenas del país en los procesos de planeación, ordenamiento e institucionalidad territorial.
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