Militares ruegan por atención médica: por lo menos 40 soldados amputados denuncian trabas en Sanidad Militar para ser atendidos o indemnizados

El conflicto armado interno de Colombia ha cobrado millares de vidas desde sus inicios en 1958. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde entonces hasta el 2022 se documentaron 360.220 eventos contra la población, que causaron la muerte de 269.367 personas, de las cuales 219.672 fueron civiles, 49.265 combatientes y 430 no se tiene información.

Muchos de esos eventos violentos no causaron la muerte de personas, pero sí heridas de gravedad, principalmente en combatientes, que tuvieron que adaptarse a vivir sin partes de sus cuerpos a causa de atentados, balazos, minas antipersonas, entre otras acciones terroristas perpetradas por los grupos armados al margen de la ley.

Por lo general los heridos en enfrentamientos armados son considerados héroes de la patria y condecorados por su valentía en combate; sin embargo hay casos en los que la patria olvida a sus héroes y los deja a su suerte, enfrentándose a la burocracia y los líos jurídicos para obtener atención médica o una indemnización que se ganaron por arriesgar su vida defendiendo los símbolos patrios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

De acuerdo con la revista Semana, ese es el caso de 40 militares amputados por heridas en combate que se enfrentan con la Dirección de Sanidad Militar para que les brinden los servicios médicos necesarios y les otorguen la pensión por invalidez.

Entre los afectados hay historias de todo tipo, una de ellas es la de José Carlos (nombre asignado por el medio en mención para proteger la identidad del soldado), quien perdió la mitad de su cuerpo en 2022 durante un atentado del clan del Golfo, en Antioquia. En ese ataque murió un primo suyo y otros cuatro soldados más.

“Siempre estuve consciente, cuando me atendieron en el suelo, más de cinco horas tirado, rogando porque el suero no se acabara, con el dolor que se puede sentir con medio cuerpo desprendido”, le dijo José Carlos a Semana.

El soldado, que estaba prestando su servicio militar, pensó que iba a ser tratado como un héroe; sin embargo, tres meses después del atentado su historia en el Ejército se acabó, cuando culminó su servicio militar.

“Cuando cumplí los 18 meses de servicio militar, aún estaba en terapias, pero me desafiliaron del sistema. No podía pedir citas, medicamentos, ni el tratamiento. Tampoco la bonificación mensual. Estaba en Bogotá, lejos de mi familia, solo, sin qué comer y sin cómo moverme”, relató el militar amputado a la revista citada.

Por lo anterior solicitó su indemnización y una pensión por invalidez, pero la burocracia de las Fuerzas Armadas se la negó, y al verse desamparado, el soldado oriundo de un pueblo de Córdoba decidió amarrarse a un catre de la unidad médica militar.

El sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía hacen parte de un régimen especial que está bajo la custodia del Ministerio de Defensa, que tuvo una asignación presupuestal para el 2023 de $48,3 billones, según el ministerio de Hacienda, por lo que los cuidados de salud de los uniformados deben estar asegurados dentro de ese monto.

En respuesta a las solicitudes interpuestas por el militar el Ejército sostuvo: “Cuando el personal de que trata el presente decreto se haya desvinculado sin derecho a la asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión de invalidez y abandone o rehúse sin justa causa, por un término de dos meses o durante el mismo periodo no cumpla el tratamiento prescrito por la sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto, la institución quedará exonera del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que de ello se deriven”.

Entonces el militar afectado decidió interponer una tutela para recibir la atención que le pedía a las Fuerzas Armadas y se encontró con un colectivo de abogados que tenía bajo su cargo por lo menos 39 procesos similares al suyo: soldados amputados que pedían atención médica, indemnización o pensión por invalidez.

“Hay un proceso largo con un tratamiento médico que requiere de tutelas, luego desacatados, nada importa. Al solicitar la fecha para la junta médica, no se otorga, se la niegan. Más de 40 soldados con ese problema… Si después del retiro no han hecho la ficha médica ya pierden la oportunidad”, le dijo a Semana Natalia Marín, integrante del colectivo de litigantes que adelantan procesos judiciales contra el Ejército porque abandonó a militares amputados.

Mientras en un sector de sanidad Militar atienden procesos judiciales como los de José Carlos, en otra dependencia de la institución armada afrontan un caso de corrupción en el que se perdieron más de 30.000 millones de pesos para construir un centro de atención de casos médicos como el de los 40 militares amputados que claman por atención médica.

Por la pérdida de los $30.000 millones la Contraloría ordenó el embargo de propiedades y cuentas de dos generales, dos coroneles, dos mayores y un capitán del Ejército que se robaron el dinero del hospital militar que debía recibir a más de mil soldados afectados por la guerra en Colombia.