Con una pancarta que llevaba el mensaje “Orión nunca más”, un grupo de personas realizó una acción conmemorativa frente a las instalaciones de la JEP en Bogotá, por los 21 años del operativo militar y policial realizado en la Comuna 13 de Medellín y que contó con la participación de grupos paramilitares.
Las manifestantes ubicaron la pancarta sobre el carril vehicular de la carrera Séptima; vestidas de negro rodearon el pendón y exhibieron fotografías con el rostro del general en retiro Mario Montoya, con tono rosado, mientras llamaban la atención de los transeúntes con megáfonos de sirena.
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Posteriormente, durante el performance artístico y de protesta, las activistas emitieron a través de megáfonos varios mensajes que decían: “General Mario Montoya, responda”; “mis amigos del barrio están desaparecidos”; “Operación Orión, nunca más”, entre otras consignas que exigían verdad y justicia respecto al operativo policial y militar tras 21 años de su inicio.
La Operación Orión inició el 16 de octubre de 2002 que quedó en la memoria nacional no por ser el operativo militar de mayor envergadura en territorio urbano en el país, sino porque contó con el apoyo mancomunado de miembros paramilitares y dejó cientos de personas desaparecidas de las que aún se desconoce su paradero.
El operativo se ejecutó como parte del inicio de la política de Seguridad Democrática debido a la presencia de Comandos Armados del Pueblo (CAP), miembros del ELN y las Farc que, según la Comisión de la Verdad, se habían establecido en la Comuna 13 desde el año 2000 y controlaban el territorio.
El general Mario Montoya del Ejército Nacional y el general Leonardo Gallego Castrillón de la Policía Nacional lideraron la operación, que contó con el apoyo de miembros del extinto DAS, el CTI, fuerzas antiterroristas, y un equipo armado de tanquetas y helicópteros de la fuerza pública que se tomó el territorio con un total de más de 1.500 uniformados.
Según Marta Lucía Ramírez, entonces ministra de Defensa, el operativo contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría para la garantía de los derechos humanos. Pero la participación de estos funcionarios no habría sido efectiva por lo que se ha conocido a cuenta gotas con el pasar de los años.
Durante el inicio de la operación militar, el fotógrafo Jesús Abad Colorado captó a un hombre encapuchado, con botas de caucho, dirigiendo a los militares. El sujeto sería Marlon Andrés Castañeda Higuita, según reveló una investigación de Vorágine, un paramilitar del Bloque Cacique Nutibara que se encargó de señalar a los supuestos guerrilleros de la zona.
Sin embargo, apenas unas semanas después de haber iniciado el operativo, habitantes de la Comuna 13 de Medellín ya habían radicado una serie de quejas sobre las detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos que llegaron a la Procuraduría y recogieron diferentes organizaciones sociales.
Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, comandante del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia confesó a Justicia y Paz que la operación se desarrolló para arrasar con los grupos guerrilleros porque era el único territorio que el grupo paramilitar no había logrado controlar en la ciudad de Medellín.
En ese sector de la capital antioqueña se realizaron hasta cinco operaciones militares en el transcurso de seis meses que, según la Sala de Reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia y Paz, no se vio en ninguna otra comuna pese a que contaban con presencia de bandas delincuenciales y grupos paramilitares.
La razón señala la sentencia de 2015, es que “el objetivo de esas operaciones y la última de ellas, la operación Orión, era eliminar el último reducto de las milicias y el único sector donde los paramilitares no habían podido tomar el control, como lo tenían en las demás zonas de Medellín. Estas otras, por supuesto, no fueron objeto de iguales ofensivas y no constituían entonces una preocupación para la Fuerza Pública”.
La JEP ha registrado 200 casos de desapariciones forzadas en la Comuna 13 solo durante el 2002, año en que se desarrollaron los operativos militares. Desde 1978 a 2016 se tiene registro de 459 víctimas en total por ese delito. Sus restos podrían estar en las laderas del sector y en los sitios de La Escombrera y La Arenera, cobijados con medidas cautelares para poder avanzar en la búsqueda.
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