
Yuri Neira regresó a Colombia a ‘conmemorar’ el cumpleaños de su hijo, Nicolás Neira, que de estar vivo, el 11 de octubre habría cumplido 34 años. El padre del joven, presuntamente asesinado por el Esmad, llegó de su exilio en España en busca de que la Fiscalía declare el caso de su hijo como un crimen de lesa humanidad.
De tramitarse y reconocer positivamente dicha solicitud, se convertiría en un acontecimiento histórico, pues la Fiscalía tendría que investigar el hecho durante el tiempo que sea necesario, hasta que logre condenar a los responsables del crimen.
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La desesperada solicitud del padre del joven asesinado se conoció luego de que el homicida, el exagente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) Néstor Julio Rodríguez Rúa, condenado en dos ocasiones por la muerte del joven, le pidiera a la Corte Suprema de Justicia revisar nuevamente el caso y la sentencia.
También fueron declarados culpables dos exagentes de la policía, Fabián Mauricio Infante y Julio César Torrijos, por su participación en el encubrimiento de un crimen y la obstrucción de la investigación relacionada con el incidente en el que Nicolás Neira perdió la vida. Los exagentes intentaron hacer creer que Neira simplemente se tropezó con un bolardo, ocultando el verdadero móvil del hecho.
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En la investigación también están vinculados los uniformados Humberto Daza y Edgar Fontalvo, señalados de haber golpeado brutalmente a la víctima, cuando esta ya se encontraba tendida en el piso, tras ser impactada con un arma lanzagases.
La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia), según reveló El Espectador, presentó la solicitud al fiscal especializado de Derechos Humanos, Samir Jiménez, en nombre de Yuri Neira. En el comunicado, la institución insta a la Fiscalía a clasificar el suceso como un crimen de lesa humanidad.
Según la asociación, esta medida se justifica al considerar que el fallecimiento de Nicolás Neira no fue un incidente aislado, sino que se enmarca en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, en medio de las protestas sociales en Colombia.
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El documento de DH Colombia, expone que reconocen que el Esmad es una institución creada para controlar las manifestaciones que lleguen a perturbar el orden público, y solo cuando los “departamentos y unidades de Policías Metropolitanas fueran rebasadas en su capacidad y medios por los sectores movilizados”, sin embargo, no hay que negar que el Esmad se ha envuelto en grandes polémicas que involucra a agresiones a los manifestantes, esto, según el documento revelado por El Espectador, con el afán de “neutralizar e impedir, mediante el uso de la fuerza, cualquier manifestación de inconformidad de la población, siendo su víctima directa, jóvenes”.

Algunos de los argumentos expuestos por la Red de Defensores de Derechos Humanos, radica en una detallada base de datos que documenta un total de 115 incidentes, en los cuales miembros de la Policía podrían ser considerados culpables o sujetos a investigación por casos de homicidios y otras graves violaciones de los derechos humanos. Estos eventos abarcan un período que se extiende por más de dos décadas.
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El recuento entregado en dicha base de datos, menciona el caso de Mauricio Octavio Fonseca Cantor, que perdió la vida en marzo de 2000 durante un desalojo llevado a cabo por el Esmad en el sector del Cartucho en Bogotá. Además, se documentan episodios más recientes, como el presunto homicidio de Dilan Cruz en 2019 y el de Javier Ordóñez en 2020, además de los acontecimientos ocurridos durante el Paro Nacional en 2021.
“Existe una clara sistematicidad en la violencia contra quienes ejercen el derecho a la manifestación pública, y en importante medida en contra de los jóvenes en las edades de 14 a 28 años, quienes representan el 70% de víctimas de la violencia policial en el marco de la protesta”, indicó en el documento DH Colombia.
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