Las autoridades españolas han logrado desbaratar una red criminal dedicada al tráfico de migrantes desde Colombia hacia España. Esta organización, que operaba bajo la fachada de una agencia de viajes, tenía como objetivo principal que aquellos que llegaran a suelo español, ya fueran adultos o menores, se quedaran de manera permanente a cambio de sumas que oscilaban entre 1.500 y 2.000 euros por migrante.
El golpe policial se llevó a cabo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde cuatro individuos fueron detenidos en el momento en que intentaban introducir a trece migrantes procedentes de un vuelo con origen en Bogotá. Estos arrestados formaban parte de una red que presuntamente había facilitado la entrada de alrededor de mil personas, según la información proporcionada por la Policía.
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El entramado delictivo comenzó a operar en diciembre de 2021 y, de acuerdo con las investigaciones, uno de los cuatro detenidos, señalado como el líder, utilizaba las redes sociales para promocionar los servicios de la organización. Destacaba su especialización en el acompañamiento de menores de edad y afirmaba que podía introducir a estos menores en España, incluso si sus padres se encontraban en situación irregular.
Bajo la fachada de una agencia de viajes legítima ubicada en Colombia, esta red se encargaba de gestionar toda la documentación necesaria, los billetes de avión y cualquier trámite requerido para el traslado y la entrada en España de quienes contrataban sus servicios. Además, proporcionaban instrucciones detalladas sobre cómo actuar en los controles fronterizos y recomendaciones sobre la vestimenta adecuada para no levantar sospechas.
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Un elemento clave en esta operación era la red de colaboradores que acompañaba a los migrantes durante todo el viaje, para brindar mayor credibilidad a la fachada de un turismo legítimo y contribuir a eludir los controles aeroportuarios. En muchos casos eran los propios responsables de la organización quienes llevaban a cabo estas tareas.
Una vez en España, los miembros de la red entregaban a los migrantes a sus familiares, que los esperaban en el aeropuerto, o les proporcionaban las indicaciones necesarias para llegar a su destino final. Poco después de su llegada, siguiendo las indicaciones de la organización, la mayoría de los migrantes se inscribían en un registro oficial en el que constan los habitantes de una población para justificar su permanencia en el país durante el tiempo requerido y poder regularizar posteriormente su situación administrativa.
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En el marco de este operativo, las autoridades confiscaron aproximadamente 23.000 euros en efectivo y solicitaron el bloqueo de una cuenta bancaria que contenía 145.000 euros, además de diversos productos financieros e inmuebles en Colombia.
Caen redes de prostitución en Grecia y España
La policía de Grecia desmanteló una red de trata de mujeres que operaba durante tres años, liberando a 51 víctimas, la mayoría colombianas, junto con dos de Venezuela y una de Albania. Estas mujeres fueron engañadas en Colombia con falsas promesas de empleo y luego forzadas a prostituirse en Grecia para pagar supuestas deudas de 1.600 a 2.800 euros, con la posibilidad de reducir esas deudas si reclutaban a otras víctimas.
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La operación contó con el apoyo de Europol, la policía de España y Estados Unidos, así como dos organizaciones civiles. Realizaron redadas en 13 prostíbulos, liberando a las mujeres y deteniendo a 22 personas involucradas en la red, con cuatro miembros aún por capturar.
En mayo de 2023, se desmanteló otra red similar en España que explotaba mujeres colombianas. Cuatro personas fueron arrestadas en España y tres en Medellín, incluyendo al líder de la organización. Las víctimas fueron engañadas con ofertas de empleo como camareras y luego obligadas a prostituirse en diferentes provincias de España.
La organización también extorsionaba a las familias de las víctimas para pagar supuestas deudas, generando ganancias de entre 25,000 y 35,000 euros por cada mujer explotada. La red trasladó al menos 50 mujeres desde Colombia y operó durante cuatro años.
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El desmantelamiento de esta red se logró gracias a la denuncia valiente de una de las víctimas, que se convirtió en testigo protegida y ayudó a poner fin a esta explotación.
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