Ministerio de Justicia explicó por qué pidió a contratistas información sobre su filiación política

El Ministerio de Justicia respondió a la denuncia hecha por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en la que señaló a la cartera de haber incurrido en prácticas irregulares en encuestas que realizó a sus contratistas.

De acuerdo con la congresista, la cartera estaría enviando correos solicitando información sobre la filiación política de sus empleados.

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A través de X, Paloma Valencia publicó fotos en las que se evidencia que dicha información se solicitó por medio de una encuesta, aparentemente, de actualización de datos, que los empleados debían hacer antes del 17 de agosto de 2023.

Ante esta denuncia, la cartera del Gobierno aclaró que la pregunta sobre la filiación política se hizo por solicitud de la Registraduría Nacional.

Según se explicó por medio de un comunicado oficial, la autoridad electoral pidió “preguntarle a funcionarios y contratistas esa información referente a la filiación política con el propósito de que la Registraduría haga la selección y nombramiento de los jurados de votación para las elecciones de autoridades territoriales, que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023″.

Seguido, aclaró que esta práctica es algo que suele hacer el Ministerio de Justicia y adjuntó documentos que evidencian la solicitud de la Registraduría sobre la información que requiere:

“Como evidencia de que la solicitud de la Registraduría de incluir la pregunta ¿filiación política?, es una práctica habitual de esa entidad, adjuntamos documentos de años anteriores (2017 y 2019) en los que se evidencia en esos instructivos de la Registraduría la pregunta sobre filiación política”, anotó.

En uno de los apartes del documento, la Registraduría requiere información sobre “filiación política” y en este describe: “Campo obligatorio y se deberán ingresar los códigos de las agrupaciones políticas con personería jurídica o reconocidas por el Consejo Naconal Electoral”.

Para la senadora Paloma Valencia, solicitar la filiación política de los contratistas es una vulneración a su intimidad y va en contra de la Ley 1581 de 2012) o Ley para la Protección de Datos Personales.

Lo anterior, debido a que dicha norma pone de manifiesto una posibilidad de discriminación política en el proceso de contratación y renovación de contratos del Ministerio de Justicia.

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