La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que llevará a cabo una audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares emitidas para proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera en Medellín. La decisión fue tomada debido a que estos lugares podrían contener los restos de desaparecidos de la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, por lo que el alcalde Daniel Quintero fue citado por el mecanismo de justicia transicional.
La audiencia está programada para el 4 de octubre de 2023 y de acuerdo con la JEP, tendrá lugar en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín, donde se tratará el tema de los desaparecidos de la Comuna 13 durante una época del conflicto armado, especialmente en el periodo comprendido entre 2001 y 2004, cuando se adelantó la Operación Orión.
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Uno de los aspectos destacados de esta audiencia es la citación al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, debido a que él tiene la responsabilidad de presentar los resultados de un informe de geotecnia encargado por la administración local.
Este informe tiene como objetivo proporcionar datos e información para garantizar una operación segura durante la excavación, el acopio de materiales de relleno y el cierre del depósito de escombros en los mencionados sitios.
La Alcaldía de Medellín llevó a cabo un análisis geotécnico que implica la perforación del suelo para recoger muestras que serán posteriormente analizadas en un laboratorio especializado. La ejecución de esta operación estuvo a cargo de dos dependencias de la administración distrital: la Secretaría de la No Violencia y la Secretaria de Suministros y Servicios, en colaboración con organizaciones sociales, de víctimas y entidades del Sistema Integral de Paz.
Los resultados de este estudio, que se espera sean entregados por el alcalde Quintero, serán fundamentales para las siguientes etapas de la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13.
Después de esta fase de análisis geotécnico, se llevó a cabo la excavación y análisis de materiales extraídos en las zonas identificadas por familiares de las víctimas.
En noviembre de 2022, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP realizaron labores de búsqueda en La Escombrera, durante las cuales se encontraron fragmentos de estructuras óseas. Estos restos fueron sometidos a análisis genéticos en caso de que se obtengan resultados positivos, lo que podría conducir a la identificación de las víctimas.
De igual manera, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue citado para exponer los avances del proceso de dignificación y memoria histórica destinado a las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13.
Esta iniciativa fue ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, y tanto el alcalde Quintero como el gobernador Gaviria tienen la opción de delegar su participación en los secretarios de Gobierno de sus respectivas administraciones.
Cabe destacar que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP señaló que entre 1978 y 2016 se registraron un total de 459 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Destaca 2002, cuando se produjeron 200 casos, marcado por fuertes confrontaciones armadas entre el Bloque Cacique Nutibara y milicias de grupos guerrilleros, como la Operación Orión.
Audiencia pública para conocer el informe de geotecnia
Este informe debe detallar los ajustes al plan de intervención forense en función de las recomendaciones técnicas del informe de geotecnia encargado por la Alcaldía de Medellín.
Además, en la audiencia pública, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Medicina Legal deberán rendir informes sobre la inclusión en el Sistema de Información, Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de los registros relacionados con posibles víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13.
La JEP emitió inicialmente la medida cautelar el 20 de agosto de 2020, en el cual se prohibió cualquier tipo de actividad en los dos lotes ubicados en las laderas de la Comuna 13, y luego ordenó buscar a las víctimas de desaparición forzada en estos lugares. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2023, el mecanismo de justicia transicional amplió esta decisión por un período de 12 meses.
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