Nuevamente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades del orden regional y nacional para atender las alertas emitidas por la entidad sobre los riesgos de alteraciones al orden público antes y durante las elecciones regionales del 29 de octubre.
Al respecto, mencionaron que durante 2023 fueron publicados 676 mensajes de advertencia, superando por más de 200 las de 2019, año en que también se organizaron comicios para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y representantes de juntas administradoras locales.
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Por aquella época se emitieron 402 advertencias por riesgos de violencia ante amenazas de grupos armados ilegales y estructuras criminales. En ese orden, 78 municipios del país se encontraban en riesgo extremo, 286 en alto, 184 en medio y 93 en bajo.
Estos indicadores aumentaron en los recientes reportes para las elecciones del último trimestre de 2023. Así las cosas, se identificó riesgo extremo en 113 municipios; 286 en nivel alto; 184 en medio y 93 en bajo. De acuerdo con el defensor Carlos Camargo, bajo ese panorama el Gobierno nacional debe tener más en cuenta lo analizado por esta entidad.
Además, enfatizó que hubo una notable reducción de la libre competencia democrática. Según él, esta se perdió “en el mismo momento en que no se les permitió a los distintos partidos, ya sea de Gobierno o de oposición, que inscribieran candidatos a corporaciones territoriales”. Mencionó que, por ejemplo, en Cauca y Putumayo el Partido Cambio Radical no pudo inscribir candidaturas.
Sumado a eso, denunció que el Centro Democrático tampoco pudo hacer esto en diez departamentos del país. Así las cosas, “la situación no es menor”, manifestó Camargo Assis, pues este es el resultado de la cooptación liderada por grupos al margen de la ley en zonas con poca presencia institucional.
A finales de agosto, la Defensoría emitió la alerta más grande del año sobre los riesgos existentes en el país previo a los comicios territoriales. El documento mencionó que serían 616 las poblaciones en Colombia con proximidades de hechos violentos por parte de grupos armados ilegales.
En ese sentido, detalló que no solo en Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño y Atlántico hay riesgo electoral, sino también un alto nivel de peligro para excombatientes de las Farc.
Para la Defensoría, las dinámicas del conflicto persisten en las zonas donde existen Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) con tres variables ligadas a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de la antigua guerrilla al mando de Iván Mordisco (Estado Mayor Central).
En relación con las elecciones regionales, también fue detectado un riesgo adicional para los firmantes del Acuerdo que ejercen liderazgos. El documento de 215 páginas detalló que aquellos que respaldan candidaturas políticas o se postularon para asambleas o alcaldías locales tienen mayor exposición a ataques, además porque tampoco hay plenas garantías de protección por parte del Estado.
“Entre esta población, se reconoce el riesgo especial que afrontan las personas en reincorporación que pertenecen al Partido Comunes, pero también aquellas que no forman parte de dicha colectividad y quienes, por ello, han afrontado posibles trabas institucionales para el acceso preferente a rutas de protección”, aseguró la entidad en la alerta temprana.
Ante lo establecido en la alerta y las menciones reiteradas sobre los riesgos, el defensor Camargo hizo un nuevo llamado a la administración Petro para que garantice el derecho de la ciudadanía a ejercer libremente su derecho al voto el domingo 29 de octubre; sobre todo en las zonas identificadas como de mayor riesgo para electores y candidatos.
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