La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el exrepresentante a la Cámara por la circunscripción afrodescendiente Jhon Arley Murillo Benítez.
Murillo es investigado por presuntamente haber exigido dinero a los contratistas y empleados del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), cuando este fungía como director de la regional Valle de la entidad, entre 2008 y 2016.
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De acuerdo con una denuncia, los hechos habrían continuado luego de que el excongresista dejara su cargo. Además, habría asumido la obligación de comprar suministros de alimentos a dos empresas, sobre las que él, de forma indirecta, tenía el control.
Los denunciantes aseguraron que las presiones que ejercía Murillo dentro del ICBF, no solo lo hacía para sacar beneficio particular, sino también con un propósito político para que contratistas y empleados de la entidad apoyaran su movimiento.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga, entonces, si existieron irregularidades en la campaña con la que este obtuvo una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2018-2022.
Específicamente, se investiga el presunto reporte irregular e inexacto en el informe de ingresos y gastos que presentó el 11 de mayo de 2018 al Consejo Nacional Electoral, pues hay costos y pagos que no fueron consignados en ese documento.
El excongresista podría enfrentar cargos disciplinarios y penales por los delitos de fraude procesal, falsedad documental, corrupción y constreñimiento al sufragante.
Jhon Arley Murillo Benítez es abogado de la Universidad Santiago de Cali y especialista en derecho administrativo y docencia universitaria. Fue el fundador de Ubuntu, una institución que tiene como misión dar apoyo educativo y becas a jóvenes de escasos recursos de Cali y el Valle del Cauca.
Su carrera en el sector público inició, en primera instancia, como auditor de la Contraloría General de la República en el Valle del Cauca y posteriormente como director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de dos departamentos (Valle del Cauca y Chocó) marcando su paso por dicha entidad como el director regional más joven en la historia de la institución, con tan solo 28 años.
Fue representante a la Cámara para el periodo 2018-2022 por la Circunscripción Especial para las Comunidades Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras. Además, hizo parte de la Comisión Séptima de la Cámara y de la Comisión Legal para las Comunidades Afrodescendientes.
En su labor como congresista por el partido Colombia Renaciente, impulsó la iniciativa legislativa llamada Certificado Étnico de Responsabilidad Empresarial, la cual buscaba incentivar la inclusión laboral de personas de las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.
De acuerdo con Murillo, el proyecto consistía en que las empresas que tuvieran un 10% de trabajadores de comunidades étnicas en su personal. Así, se harían acreedoras de un certificado étnico empresarial que otorgaría el Ministerio del Trabajo. Con ese certificado obtendrán un puntaje adicional para los concursos de contratos del Estado. “Eso va a motivar a las empresas a vincular más personas de comunidades afrodescendientes y demás etnias”, dijo a El Espectador en julio de 2020.
El proyecto, actualmente, fue radicado ante la Cámara por su autora, la representante Astrid Sánchez Montes De Oca, del Partido de la U, el 8 de agosto de 2023.
La iniciativa también establece que, en aquellas regiones o departamentos donde el porcentaje de población étnica sea inferior al 10%, el porcentaje de personal vinculado a la fuerza laboral de las empresas o entidades estatales deberá ajustarse al porcentaje de población de dichas comunidades étnicas que se hayan autorreconocido como tal, de acuerdo al último censo del Dane.
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