Abogado de la exministra María Isabel Urrutia aseguró que su interés era “hacer un gasto racional y eficiente en los contratos de prestación de servicios”

Luego de conocerse la decisión de la Fiscalía de adelantar una audiencia de acusación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de la exministra de Deporte María Isabel Urrutia, la fundación Defensa de Inocentes emitió un comunicado en el que se compromete con la defensa de la procesada.

La acusación manifestada por el organismo de control está fundamentada en la desmedida ‘firmatón’ de 104 contratos de prestación de servicios que fueron clausurados en la noche de la salida del cargo de la exministra, para luego renovarlos y prolongarlos hasta el 31 de diciembre del 2023.

Según el documento de la fundación, la medallista olímpica “ha actuado en el ejercicio de su cargo como Ministra del Deporte con total transparencia y sin menoscabo del patrimonio público”. La defensa, por su parte, buscará argumentar la exculpación de Urrutia frente a las pruebas de la Fiscalía que implican terminación y renovación de los contratos, realizada en tiempo récord, entre el 2 y el 6 del pasado mes de marzo.

La defensa de la exministra pondrá las cartas sobre la mesa en la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal. La fecha de la audiencia aún no está definida; sin embargo, la Fiscalía ha anunciado que será en los próximos días.

Para la Fiscalía General de la Nación, la exministra intentó “atornillar” a funcionarios cercanos y “recomendados” cuando la determinación concerniente a dichos contratistas quedaba en manos de la sucesora de Urrutia. Según el ente judicial, el proceder de la exalta funcionaria no fue adecuado, pues “su rectitud se vio opacada en el momento en que decidió dar por terminada de manera anticipada estos contratos, desconociendo los principios de contratación estatal”.

Al haber ocurrido esta irregularidad mientras Urrutia estaba aún activa en el Ministerio de Deporte, el fiscal del caso apuntó que es un deber de un funcionario activo proceder con transparencia.

“En virtud del principio de moralidad, todas las personas y servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas”, dijo, al tiempo que señaló que, “de acuerdo con lo aquí descrito (en el documento de acusación), es obvio que usted, señora María Isabel Urrutia, inobservó y pasó por alto el actuar con rectitud, lealtad y honestidad como ministra del Deporte para estos 104 contratos”.

Adicionalmente, contrario a la postura de los defensores de la exministra, el delegado de la Fiscalía considera que ella sabía plenamente que lo que se estaba haciendo era ilícito y, que por tener experiencia en cargos públicos, sabía que iba en contra de la ley; por tanto “se atañe una actitud dolosa”.

El fiscal también afirmó en la acusación que Urrutia consideró “que la contratación estatal era la simple reproducción de documentos de contratos anteriores, sin observar la relevancia jurídica que sobre estos recaía, (...) no observado los principios de la contratación pública. Finalmente, el delegado recalcó que María Isabel Urrutia “lesionó el bien jurídicamente tutelado de la administración pública sin justa causa”.

¿Quiénes son las cabezas de esta defensa en favor de Urrutia?

El comunicado difundido el martes 6 de septiembre por la Fundación Defensa de Inocentes informa que ha designado a dos abogados, quienes asumirán la protección judicial de María Isabel Urrutia. El comunicado a la opinión pública está firmado por el abogado Daniel Caicedo, especialista en Derecho Penal y Constitucional. También es fundador del Colegio de Abogados penalistas de Colombia, y es miembro de la fundación en cuestión.

Junto a Caicedo, el abogado defensor Juan Camilo Sanclemente también asumirá el alegato. Sanclemente opera como el director ejecutivo de Defensa de Inocentes y es especialista en Derecho Internacional.