Defensor del Pueblo solicitó a la CIDH medidas cautelares para proteger la vida de servidores públicos y candidatos

Desde Bucaramanga en el XXVI Encuentro Justicia Ordinaria organizado por la Corte Suprema de Justicia en el panel Los Derechos Humanos y la Justicia Ordinaria, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, anunció que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar la integridad de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y candidatos a las elecciones de octubre de 2023.

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La solicitud hecha por el defensor se da por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional, pues según registros de la Defensoría del Pueblo 35 servidores públicos y 42 candidatos han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca

Hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipios

De acuerdo con los registros de la Defensoría el Pueblo, los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).

Mientras que los alcaldes de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó) han recibido amenazas de grupos armados al margen de la ley.

También se advirtió que los gobernadores de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta también han sido amenazados, así como el personero de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó); un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.

Candidatos amenazados y víctimas de atentados

Desde la Defensoría del Pueblo alertan que a la fecha hay 42 candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas por parte de grupos armados ilegales, entre estos hay aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones.

Además se señaló que la situación de orden público es crítica en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar. Mientras que hay alertas de 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.

La presencia de los grupos armados ilegales

El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia (disidentes de las Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, entre otros, son los grupos armados que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos. El que grupo armado ilegal con mayor presencia en el territorio nacional es el Clan del Golfo que tiene injerencia en 392 municipios de 24 departamentos. Le sigue el Estado Mayor Central: 234 municipios de 19 departamentos. Luego, el ELN: en 231 municipios de 19 departamentos. En cuarto lugar, la Segunda Marquetalia, que delinque en 65 municipios de 15 departamentos.