El jueves 24 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad a José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca; tiene varios procesos penales por corrupción y nexos con la guerrilla del ELN.
El abogado defensor Jorge Alberto Ruiz Sánchez había solicitado la libertad por vencimiento de términos para Castillo Cisneros, argumentando que desde el pasado 18 de febrero de 2022 y hasta el 22 de agosto de 2023, el plazo para que el exgobernador fuera investigado había vencido, pues “había superado el plazo de los 500 días sin que iniciase el juicio oral”.
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El fiscal delegado del caso sostuvo que, efectivamente, se venció el plazo que para que Castillo Cisneros fuera investigado por corrupción y por sus posibles vínculos con organizaciones criminales, toda vez que, según el documento presentado por la defensa, fueron en total 552 días los que pasaron antes del juicio oral.
En el fallo, el Tribunal Superior de Bogotá indicó: “Así se significa que a la fecha (24 de agosto de 2023) han transcurrido 552 días (…) para el efecto, por la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal, se librará la respectiva boleta, la cual se hará efectiva siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad”.
Debido a que fue superado el plazo que por ley está establecido para el inicio de juicio oral en contra del Castillo Cisneros, el tribunal ordenó libertad inmediata para el exgobernador, que ahora deberá enfrentar sus procesos por fuera de la cárcel.
A José Facundo Castillo Cisneros se le acusa de haber recibido apoyo en su campaña política para aspirar a la Gobernación de Arauca, entregando parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.
Según las investigaciones, esto ocurrió entre 2012 y 2021, cuando Castillo Cisneros adjudicó contratos al grupo guerrillero a cambio de recibir apoyo político en varios municipios.
La Fiscalía General de la Nación señaló que el exgobernador habría llegado a acuerdos con el grupo guerrillero sobre la implementación de “estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales”.
Por estos actos, le imputaron los delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.
Castillo Cisneros fue capturado el 20 de octubre de 2021 y el 8 de noviembre del mismo año se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, que venía cumpliendo hasta la fecha en la cárcel La Picota de Bogotá.
El exmandatario tiene otro proceso pendiente en su contra, luego de que el pasado 3 de agosto de 2023 la Fiscalía lo acusara de favorecer a una sola empresa con un contrato por $4.463 millones, para la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del covid-19.
Además, la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario en su contra, el cual terminó en su inhabilidad y destitución por nueve años.
De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2012 y 2015, Castillo Cisneros cometió irregularidades en la celebración de un convenio con la caja de compensación familiar de ese departamento (Comfiar) para la construcción de 240 viviendas de interés prioritario en esa zona del país.
Concretamente, la entidad también halló anomalías en la ejecución de un proyecto de urbanización, para el que no se realizaron los estudios previos sobre la red sanitaria e hidráulica, afectando la disponibilidad de estos servicios públicos dentro del lote usado para esa construcción.
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