Caso Armando Benedetti: el exembajador recusó nuevamente a la magistrada Cristina Lombana

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, debía presentarse a indagatoria el martes 15 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Sin embargo, en las últimas horas la audiencia debió aplazarse porque el exintegrante del Gobierno recusó en una nueva oportunidad a la magistrada Cristina Lombana, quien es la encargada del proceso.

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La recusación contra la magistrada se generó porque la defensa de Benedetti considera que existen irregularidades en los procesos que Lombana adelantaba en su contra. Para la defensa un ejemplo es que la defensa sustenta que aunque se pidió la competencia por el fuero que le otorgaba el cargo como embajador ante Venezuela, la magistrada retuvo por casi un año tres investigaciones y no las remitió al juez competente.

También afirmaron que la magistrada promovió audiencias bajo los principios de la Ley 906 en casos que debían tramitarse con la Ley 600 ante el Tribunal Superior de Bogotá, para tratar de conservar los procesos, aunque la decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema era que estos debían pasar a la Fiscalía General de la Nación.

En la conclusión de la recusación se menciona que en otro de los casos que se abrió contra el exsenador, aunque Lombana no tenía competencia en el proceso, ordenó una presunta práctica de prueba para revisar e inspeccionar las actuaciones del fiscal Gabriel Jaimes en el caso, lo que se entendería como una irregularidad en la rama judicial.

Benedetti sobre recusación de magistrada Lombana

El exembajador se pronunció sobre la recusación y mencionó que con esta se espera que se le den las garantías para tener un juez imparcial en los procesos judiciales a los que se está enfrentando.

“Espero que la Honorable Sala de Instrucción evalúe estos hechos irregulares y me garantice un juez imparcial. En cualquier caso, la decisión que adopte la Sala será acatada, y ante quien ellos dispongan seguiré afirmando mi inocencia”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Benedetti deja plantados a los magistrados, también ha guardado silencio en las investigaciones que se adelantan en su contra ante la Fiscalía General por el denominado Proceso 15.000. El diplomático se refirió a su derecho constitucional en una misiva que envió el jueves 3 de agosto a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema:

“Me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, mi compromiso y respeto con la administración de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio”, precisa la carta conocida por SEMANA. Igualmente, cita un informe periodístico en el que se señala que por estos hechos se le adelanta una investigación penal y disciplinaria. “Por lo que haré uso de la citada garantía, ya que estoy cubierto por el alcance que se ha dado”.

Caso Benedetti-Fonade

Corresponde a un caso de corrupción en el que presuntamente Fonade habría sido entregado durante el gobierno de Juan Manuel Santos a su propio partido, La U, -como cuota burocrática-. Para la fecha, se habrían direccionado contratos para beneficiar a congresistas y otros políticos.

Benedetti hacía parte del partido hasta que fue expulsado en el 2020 junto a Roy Barreras, y ha sido mencionado en uno de los contratos que investiga la Fiscalía por el entramado de corrupción, por lo que fue denunciado por el abogado Jaime Lombana y se comenzó la investigación en su contra.

El centro de la investigación se remite a Jorge Iván Henao Ordóñez, quien fue gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade (2016 y 2017). Este se entregó a las autoridades en agosto de 2018 y firmó un principio de oportunidad donde aceptó cargos y ha brindado información del caso.

Según El Espectador, Henao mencionó a Benedetti y dijo que lo conoció por su padrino político el exsenador Bernardo Ñoño Elías en el 2016 en el Congreso de la República y sostuvieron una breve reunión en la que dijo que tenía una empresa “buena” y le pidió que buscara cómo “se le puede ayudar” desde Fonade.

Se trataba de Certicámaras, dirigida entonces por Juan Carlos Santofimio, quien llegó pocos días después junto a Elsy Pinzón Barrera, asesora de Benedetti, a la oficina de Henao en una reunión en la que habrían buscado un contrato para la compañía, para adjudicar labores de archivo de entre 500 y 1.000 millones de pesos.

La Fiscalía afirmó en marzo ante la Corte Suprema de Justicia, que existía interés indebido por las reuniones que sostuvo Henao con Benedetti y su asesora, Pinzón Barrera, quien ya se encuentra imputada en el proceso.

Aunque, la defensa de Benedetti sostuvo que otros testigos como el exsenador Musa Besaile y el exrepresentante Eduardo Tous de la Ossa, contradicen a Henao y no han respaldado sus afirmaciones, porque dicen no conocer los hechos narrados por el testigo.