
El pasado 17 de julio la Corte Suprema de Justicia citó a la senadora Piedad Córdoba para este 28 de julio, con el objetivo de que rindiera versión libre sobre su papel en el caso de la denominada ‘Farcpolítica’ que se desarrolla en el despacho de la entidad, pero la congresista del Pacto Histórico no asistió y tampoco presentó ninguna solicitud de reprogramación de la audiencia.
En el expediente contra de la senadora existen 14 denuncias por los estrechos vínculos que sostenía con las Farc, grupo guerrillero que habría interferido en su carrera política con apoyo económico e influencia sobre las poblaciones para que la favorecieran en las contiendas electorales.
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Según las acusaciones, Córdoba habría iniciado sus vínculos con cabecillas de las Farc entre 1994 y 1998, cuando fue elegida por primera vez como senadora con el aval del Partido Liberal. Algunas denuncias sostienen que la congresista visitaba constantemente los campamentos guerrilleros sin autorización del Gobierno y que desde entonces fungió como asesora y estratega política, e incluso vocera de los subversivos.

La senadora del Pacto Histórico empezó a ser investigada preliminarmente desde el 2010 por la Fiscalía 20 Especializada y la Unidad Antiterrorismo. Ese mismo año, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a la congresista por 18 años, debido a sus presuntos vínculos con las Farc. Sin embargo, en 2017 la senadora fue favorecida con un fallo del Consejo de Estado, que tumbó la decisión le devolvió los derechos políticos.
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Para entonces, Córdoba era mediadora entre el grupo guerrillero y el Gobierno de Álvaro Uribe, actores con los que trabajó para la liberación de varias personas secuestradas por las Farc e intercambios humanitarios de guerrilleros presos por integrantes de la Fuerza Pública y demás ciudadanos retenidos ilegalmente por los subversivos.
Sin embargo, Andrés Vásquez, exasesor de Córdoba, indicó que la gestión de su exjefa no fue del todo diligente, pues habría intervenido y retrasado la liberación de Íngrid Betancourt y algunos ciudadanos estadounidenses para que Francia presionara al Gobierno colombiano, con el objetivo de que se hiciera un intercambio humanitario de importantes guerrilleros a cambio de la liberación de los secuestrados.
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Vásquez es el testigo estrella de la investigación por ‘Farcpolítica’ y por el supuesto enriquecimiento ilícito de Piedad Córdoba a costas de su relación íntima con el difunto dictador Hugo Chávez y el testaferro del chavismo Álex Saab, quien la habría favorecido a través de una empresa por la ayuda que la congresista le prestó para realizar sus negocios con el gobierno venezolano.

De acuerdo con la versión de Andrés Vásquez, Piedad Córdoba fungió como mediadora entre el organismo venezolano Cadivi (Comisión Nacional de Administración de Divisas) y varios empresarios colombianos para agilizar el pago de contratos del gobierno venezolano a las compañías nacionales. Por su mediación, Córdoba recibía millonarias coimas por parte de los empresarios colombianos y también del gobierno venezolano.
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Las afirmaciones del exasesor de la senadora fueron corroboradas por varios empresarios nacionales condenados por corrupción. Uno de ellos es el exrepresentante de Hyundai en Colombia, Carlos Mattos, quien aseguró que Córdoba lo buscó para que la invitara a una reunión empresarial en Washington (EE.UU.).
El empresario contó que finalizado el evento la senadora le ofreció ayuda con el entonces presidente Chávez como recompensa por haberla invitado. Días después del ofrecimiento el representante de Hyundai recibió una llamada de la senadora confirmándole una reunión con un ministro venezolano para tratar el tema de Cadivi.
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Mattos dijo que era importante la intervención de Córdoba porque para la época Colombia y Venezuela habían roto relaciones diplomáticas, por lo que el pago de negocios entre los dos países se había dificultado. Sin embargo, Mattos agregó que la intervención de Córdoba fue insuficiente y que perdió mucho dinero en ese negocio.
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