
Gustavo Petro volverá al Congreso, después de 5 años de haber ocupado una curul por última vez, el próximo 20 de julio, pero esta vez en calidad de presidente de la República para instalar el segundo periodo legislativo del año. Sin embargo, lo hará en medio de una crisis de gobernabilidad y sin un plan de acción claro para sacar sus anheladas reformas sociales adelante.
Al inicio de su mandato, el Gobierno de Petro se veía sólido con una alianza que logró reunir a los partidos tradicionales (la U, Liberal y Conservador), que sumados a la Alianza Verde y la fuerte coalición del Pacto Histórico agrupaban a 75 de 106 votos en el Senado y 125 de 186 en la Cámara de Representantes. Una mayoría abrumadora.
Con un gabinete equipado con prestigiosos nombres como José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria y Alfonso Prada, sumado a la eficiencia de Roy Barreras, el Gobierno logró un matrimonio casi perfecto con el Congreso durante la primera mitad de la legislatura pasada.
Pero la relación se comenzó a fracturar con la reforma a la Salud radicada por la exministra Carolina Corcho. Los reparos al proyecto de ley desde diferentes sectores nunca fueron escuchados, y su efecto fue tal que no solo rompió el apoyo de los partidos tradicionales al Gobierno, sino que produjo una crisis ministerial en la que salieron la mitad de los jefes de cartera.
Eso conllevó a la caída de otros proyectos clave para el Gobierno nacional: la reforma laboral, la ley de sometimiento, la ley de humanización carcelaria y la legalización del cannabis recreativo.
Ahora, el mandatorio deberá estar pendiente de la elección de los presidentes de la Cámara y el Senado, en un ambiente en el que no será suficiente su influencia para obtener esas designaciones a su favor.
Los acuerdos logrados por Roy Barreras antes de abandonar la presidencia del Senado dictan que su sucesor provenga de la Alianza Verde, colectividad que, aunque en su interior tenga muchos críticos al presidente Petro, todavía sigue siendo un partido de Gobierno. Pero esto no implica necesariamente que vaya a tener los vientos a su favor en el Congreso.
Es más, según le dijo una fuente del Partido Liberal a Cambio: “Los acuerdos se cumplen, pero el Congreso va a elegir como presidentes a las personas más cercanas a la clase política, para que el presidente Petro reciba un mensaje claro: no habrá reformas sin nosotros”.
A todo esto, se suma que el país entrará en periodo electoral, que en el plano legislativo se manifiesta con los congresistas más preocupados por impulsar a sus candidatos en las regiones que a cumplir con su trabajo en el Capitolio.
El presidente Petro deberá llegar al Congreso a las 4 de la tarde del 20 julio. Previo a eso, encabezará el desfile de las Fuerzas Armadas en San Andrés, en lo que él mismo llamó “una marcha por la soberanía nacional” y tras su ausencia en la isla durante la lectura del fallo de La Haya.
Por otra parte, la disputa por la presidencia del Senado estará determinada por otro importante aspecto: la elección del contralor. “Para nosotros los congresistas el cargo más importante en los órganos de control es el del contralor y el próximo presidente del Congreso elegirá ni más ni menos que a la universidad que deberá hacer el examen de los candidatos, es decir, pondrá las reglas del juego por ese cargo. De ahí que nosotros los políticos no nos vamos a lanzar al vacío”, le dijo una fuente del Partido Conservador al medio anteriormente mencionado.
Los candidatos a presidir el Congreso son Inti Asprilla (la ficha del Gobierno), Angélica Lozano (que cuenta con el apoyo de su partido, pero no del legislativo) e Iván Name (la peor opción para las aspiraciones del presidente Petro).
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