
Uno de los principales retos que tiene América Latina, sino la principal preocupación de la mayoría de habitantes en toda la región, es la corrupción. Así fue confirmado en el último resultado del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023, realizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks.
Es importante decir que este índice evalúa 14 variables clave, entre las que se encuentran la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. En este informe se destaca: “Por cuarto año consecutivo, el índice abarca 15 países, que en conjunto representan 96% del PIB de América Latina”.
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Este documento indica que lo que sucede con las democracias y las instituciones fundamentales es estar bajo la presión de la corrupción en la región, este índice registró un descenso en la puntuación promedio de toda América Latina caso que no sucedía desde 2020. En la actualidad este presentó puntaje de 4,77 sobre diez, frente al 4,85 del 2022.
Entre los principales hallazgos se pudo establecer que en dos de los 15 países se evidenciaron descensos significativos en sus puntuaciones en el presente año (2023), y solamente uno de ellos experimentó una mejora significativa.
En ese orden el país con la puntuación más alta en el Índice CCC 2023 es Uruguay cuyo puntaje fue de 6,99 sobre 10. Seguido por Costa Rica con 6,76, Chile 6,67, Perú 5,53, República Dominicana 5,42, Panamá 5,39, Argentina 5,07, Brasil 4,83, Colombia 4,78, Ecuador 4,68, Paraguay 4,61, México 3,87, Guatemala 2,86, Bolivia 2,56 y Venezuela 1,46.
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Se puede evidenciar que Uruguay sigue en el primer puesto del índice, con respecto al año 2022, “aunque registró un año consecutivo de retroceso”, destacan las entidades. Este año tuvo una caída del 6% en su puntuación global.
Por su parte, Costa Rica y Chile conservaron sus lugares en el informe ocupando la segunda y tercera posición respectivamente, aunque tuvieron caídas del 5% y 3%, en su puntaje global.
Entre tanto, Panamá con 9%, fue el país que obtuvo el mayor aumento, en parte a las mejoras en su capacidad legal, siendo uno de los países junto con República Dominicana que tiene un 4% y Paraguay con el mismo porcentaje 4% los que mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo.
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”Guatemala y Venezuela tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales. Estos países son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019″, aseguran los voceros del índice.
“El índice muestra lo que muchos de nosotros hemos sentido: los esfuerzos anticorrupción están perdiendo impulso en muchos países de América Latina a pesar de que el tema sigue siendo una prioridad para los votantes”, dijo De acuerdo con Brian Winter, presidente de Políticas de AS/COA.
De la misma manera, Geert AAlbers, socio en Contral Risks, afirmó que “con los esfuerzos anticorrupción en toda la región estancados, si no en retroceso, las empresas y otras partes interesadas tienen una responsabilidad cada vez mayor para promover prácticas comerciales transparentes y éticas”.
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En cuanto a Colombia, el informe de AS/COA y Control Risks, indicó que se mantuvo relativamente estable con un descenso del 2 % en su puntuación global, lo que tuvo como consecuencia que el país bajara del octavo al noveno lugar obteniendo una puntuación de 4,78 sobre 10 en el 2023.
Las categorías que afectaron la puntuación de Colombia fueron sociedad civil y medios de comunicación con un 7%, seguida por la de capacidad legal con un 2%. Por su parte, se notó una mejora moderada en la categoría de democracia e instituciones políticas, invirtiendo una previa tendencia a la baja, aunque agregaron que: “Colombia sigue por detrás de la media regional en esa categoría”.
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Finalmente, el informe sugiere que el país se debe enfocar en temas críticos como el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración del presidente Petro, el cual fue aprobado por el Congreso el pasado mes de mayo de 2023, el cual “orientará las políticas públicas del gobierno nacional, incluidas las relacionadas con la lucha contra la corrupción”.
Otro de los temas en los que se debe prestar especial importancia son “las investigaciones sobre sobornos a cambio de contratos de obras públicas de la constructora brasileña Odebrecht. En febrero de 2023, el fiscal general anunció que otras 16 personas estaban relacionadas con el caso”, afirman en este índice.
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