Alirio Uribe afirmó que su bancada se acogerá a la decisión sobre la ley de la Paz Total

Gran controversia causó la noticia de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez haya radicado una ponencia para estudiar la ley de la Paz Total, la cual le ha permitido al Gobierno nacional mantener vínculos más cercanos con los grupos armados que operan en el país, estableciendo diálogos de paz. La norma ha sido una de las medidas más importantes y, así mismo, criticadas desde que asumió el presidente de la República, Gustavo Petro.

La ponencia del magistrado Ibáñez, que tendría como principal objetivo tumbar la ley, hace énfasis en que en el trámite de la radicación de la ley se habría violado el principio de consecutividad y por no incluir el concepto del Consejo de Política Criminal en medio de la discusión. En ese orden, el Legislativo habría votado el proyecto de ley 2272 (prórroga a la Ley 418 de 1997 de orden público) sin el conocimiento necesario.

Ante la medida, uno de los ponentes de la medida, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, indicó en diálogo con El Espectador que en medio del proceso del trámite legislativo no se cometieron errores de ningún tipo, aunque de igual forma acatarán las medidas que se tomen en la Corte Constitucional.

“Esta fue una ley que se tramitó con mensaje de urgencia, de acuerdo a la Ley Quinta. En nuestra lógica y entender, para nosotros la ley se hizo con todos los requisitos legales”, indicó Uribe con respecto a la versión que señala que en el proceso para la radicación de la ley no se cumplieron con los cuatro debates de forma consecutiva, así como con los requisitos necesarios para su aprobación.

Desde la Corte indicaron que se registraron problemas de forma debido a que el Consejo Nacional de Política Criminal no emitió concepto alguno sobre la ley y que desde ese órgano se debe enfatizar en conceptos no vinculantes sobre temas que involucren la seguridad nacional en las diferentes regiones del país.

El representante señaló que, efectivamente, no se solicitó el concepto del Consejo, escudándose en que este no contaba con una composición clara a raíz del cambio en el Gobierno nacional, teniendo en cuenta además que la ley se radicó a pocas semanas de que asumiera el presidente de la República, Gustavo Petro. A pesar de ello, Uribe indicó que el concepto que se emita desde dicho órgano no es vinculante para aprobar una ley en el país.

A pesar de que existe cierta preocupación con respecto a las consecuencias que pueda generar que se caiga la ley tras la radicación de la ponencia en la Corte Constitucional, el representante indicó que no considera que un resultado negativo sobre la norma haga perder los avances que se han adelantado desde el Gobierno nacional, enfatizando en que uno de los riesgos más altos que se corren es que los diálogos que se adelantan con el ELN en La Habana sean suspendidos.

“No creo que se vayan a perder los avances que tenemos. Es posible, sí, que haya que hacer ajustes, pero lo que ya se ha avanzado con grupos de alto impacto y de naturaleza política, no creo que se vea afectado”, expresó Uribe, que además señaló que en caso de que la Corte Constitucional declare la ley institucional, esta volverá a ser presentada en el Congreso junto a la ley de sometimiento a la justicia.

De igual manera, el representante indicó que la Corte debería tener en cuenta los avances que se han desarrollado teniendo la ley como una de las bases del Gobierno nacional, tales como la mesa de diálogo con el ELN así como las recientes conversaciones que se han adelantado con las disidencias de las Farc, indicándole a los magistrados que “la paz es un valor superior” y es importante avanzar en la construcción de la misma.