Oficialmente, se cayó el intento por revocar la sentencia C-055 de 2022, que despenaliza el aborto en Colombia. Luego de que se conociera la decisión de la Corte Constitucional en favor de los movimientos proaborto del país, varias personalidades políticas iniciaron acciones para lograr un referendo sobre la decisión. Entre las líderes del referendo provida se encontraban las exsenadoras María del Rosario Guerra, Milla Romero y Esperanza Andrade y el excandidato presidencial John Milton Rodríguez.
Sin embargo, a pesar de que la Registraduría Nacional del Estado Civil aprobara su iniciativa en junio de 2022 y, como lo dictan las leyes colombianas, estableciera un periodo de seis meses para recolectar algo menos de 2 millones de firmas -equivalentes al 5% del censo electoral nacional que para esa fecha ascendía a 39.002.139 ciudadanos, sin mencionar la prórroga que se les extendió el plazo por tres meses más-, lo cierto es que el movimiento en contra del aborto no logró completar el número de firmas requeridas al término del plazo establecido para el 15 de abril de 2023.
Pero el intento por abolir la decisión de la Corte Constitucional se hundió oficialmente, ahora que la Registraduría expidió en los últimos días la resolución 10109 de 2023 con la que ordena “archivar la iniciativa ciudadana radicada bajo el consecutivo RCA-2022-02-003 para promover el referendo constitucional aprobatorio denominado “Referendo Pro Vida””.
Así lo notificó el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namén, a quienes promovieron la iniciativa, encabezados principalmente por políticos de índole cristiana, conservadora y algunos miembros del partido Centro Democrático.
Aunque durante su promoción no se tuvieron mayores detalles, hay quienes atribuyen el fracaso del proyecto por haberse promovido durante la época electoral. Otros piensan que la iniciativa no reflejaba la voluntad de las mujeres que, hoy en día, buscan mayores libertades dentro de la sociedad colombiana, al igual que más ‘empoderamiento’ de sus cuerpos.
Lo cierto es que, según se conoció, para diciembre de 2022 el movimiento antiaborto, conformado por al menos 50 congresistas, solo había recolectado un total de 500.000 firmas de las 1.950.112 que debían sumar para promover la iniciativa. Tal parece que tampoco funcionaron las acciones adelantadas por sus promotores en eventos públicos, como la marcha contra el gobierno del pasado 15 de febrero, donde recogieron firmas entre la multitud.
Al final, lo que cuenta la Registraduría, a través de su resolución, es que “vencido el plazo de la prórroga para la recolección de las firmas de apoyo (15 de abril de 2023), el comité promotor no completó el número mínimo de apoyos válidos requeridos de que trata la Ley Estatutaria 1757 de 2015, necesarios para continuar con la iniciativa”.
Asimismo, la entidad regida bajo el artículo 11 de la ley estatutaria 1757 de 2015, ordenó que “vencido el plazo sin que se haya logrado completar el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada”.
Malos entendidos con el aborto en Colombia
Incertidumbre generó el fallo de la tutela T-158 de 2023, emitido por la sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con fecha del 15 de mayo, pero conocido hasta el 13 de junio. En el documento se acotó que el aborto no es un derecho fundamental, lo cual fue entendido por algunos ciudadanos como un retroceso para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
El recurso fue interpuesto por una mujer indígena que buscaba que se le garantizara el acceso a la IVE, en tanto afectaba su salud mental. No obstante, tanto el Cabildo Indígena de Polindara como la IPS Totoguampa le negaron la prestación del servicio. Aunque el alto tribunal dio luz verde a la IVE, hicieron la precisión antes mencionada.
Por medio de un comunicado de prensa, la organización Causa Justa, que impulsó de la sentencia C055 de 2022 que despenalizó el aborto, explicó que la Corte Constitucional no reversó el fallo y que este cuenta con efectos de ley.
“La sentencia Causa Justa ( C055 de 2022) sigue vigente: todas las mujeres en Colombia que necesiten interrumpir voluntariamente un embarazo pueden acercarse a los servicios de salud sin miedo de ser denunciadas”, reza el documento
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