El 26 de octubre del 2022 fue capturado en Cartago (Valle del Cauca) el magistrado Bernardo López, de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, sindicado de pertenecer a una red de explotación sexual en la rama judicial del país y señalado por el presunto abuso sexual de una niña de 9 años.
Este miércoles 21 de junio la Fiscalía imputó cargos contra Bernardo López por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, en calidad de coautor. Aunque el magistrado no aceptó los cargos, el ente acusador solicitó su reclusión en un centro carcelario, pena que podría oscilar entre 14 y 25 años
“Esta existencia del proxeneta que comercializaba los servicios sexuales de la menor y de los que integró a solicitud de funcionarios del Palacio de Justicia”, dijo el investigador de la fiscalía, que evidenció una red de explotación sexual de menores contratada por varios integrantes de la rama judicial.
De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, el magistrado López se contactó con Jhon Francisco Grajales Silva, un proxeneta que prostituía a su hijastra de 9 años. Grajales Silva habría pactado dos encuentros con el magistrado para someter a la niña a vejámenes sexuales a cambio de $50.000 pesos.
Pese a que Bernardo López había sido capturado capturado el 26 de octubre del año pasado en Cartago mientras asistía como panelista a un evento de un plantel educativo del municipio vallecaucano, fue dejado en libertad al día siguiente por orden del Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías, que evidenció errores en el procedimiento.
“A la luz de la Constitución y la ley, no podía solicitarse, ordenarse ni materializarse la captura del magistrado, en el entendido de que los funcionarios que participaron en este procedimiento carecían de competencia”, indicó la entidad en su momento; sin embargo, el magistrado siguió vinculado a la investigación y ahora las autoridades buscan enviarlo a la cárcel.
La captura del magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla se dio luego de que la madre de la menor de 9 años se percatara de que Jhon Francisco Grajales Silva violaba y prostituía a su hija y decidiera denunciarlo en mayo del 2020.
Desde entonces las autoridades empezaron a investigar la situación y dieron con la red de explotación en la que estaba involucrado el magistrado Bernardo López.
En medio del operativo fueron capturados y judicializados el coordinador de la Oficina de Apoyo Judicial de la Rama Judicial, José Lubín Martínez, y el encargado de manejar el centro de copiado de la misma área, Carlos Alberto Palacios Zuluaga, quienes habrían participado de las violaciones, junto con el magistrado López.
Los dos últimos implicados también habrían participado en múltiples violaciones contra una adolescente, valiéndose de sus cargos en rama judicial del Valle del Cauca y están asociados con una red de explotación sexual en Cartago.
“Estas dos personas fueron imputadas por el ente investigador como presuntos responsables de los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que no fueron aceptados. Según la investigación, Lubín Martínez y Palacios Zuluaga habrían abusado en múltiples oportunidades de una adolescente”, declararon las autoridades.
José Lubín Martínez fue enviado a un centro penitenciario, mientras que a Carlos Alberto Palacios le dieron casa por cárcel, ambos por los delitos de explotación sexual con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
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