Procuraduría y Defensoría instalaron comisión para vigilar el cumplimiento de alertas tempranas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Defensoría del Pueblo instalaron la Comisión Nacional del Ministerio Público para el Seguimiento a la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat). La procuradora Margarita Cabello y el defensor Carlos Camargo Assis firmaron el reglamento interno de la nueva comisión.

Según la Procuraduría, las alertas tempranas son documentos que emite la Defensoría del Pueblo, los cuales van dirigidos a los gobiernos nacionales, departamentales y locales, con el fin de advertir y prevenir posibles riesgos de vulneración a los derechos humanos de las comunidades. Ante el incumplimiento de estas, se instaló la comisión.

“[Se decidió hacer] el seguimiento de las respuestas rápidas y a las alertas tempranas, con la intención de hacer mucho más operativo el procedimiento, en virtud de la inacción que estamos observando de los gobiernos, frente a la grave situación de orden público y de seguridad que se está presentando en nuestro país”, explicó la procuradora Cabello.

En esa medida, la Comprrat se encargará de llevar a cabo acciones disciplinarias por el incumplimiento de las recomendaciones que se emitan en las alertas o en informes de seguimiento. La instancia se enfocará, primero, en cómo ha sido el desarrollo de las alertas que fueron emitidas entre 2020 y 2022. Para ello, deberán estar vigentes y contar con un informe de seguimiento.

“Hemos definido priorizar 44 alertas tempranas para mitigar, para prevenir, para anticiparnos a todas las situaciones de vulneración a los derechos humanos individuales y colectivos. En la subregión del Catatumbo, así como también en el bajo nordeste antioqueño, así como también en el norte del Cauca, en el pacífico nariñense”, señaló el defensor del Pueblo.

La PGN también instalará un equipo especial para imponer sanciones en casos con bajo nivel de cumplimiento de alertas. “La Procuraduría va a abrir, ya se dio la orden, un equipo especial disciplinario que se va a encargar de mirar si se ha hecho o no el seguimiento y si se han presentado los planes de acción para efectos de que la alertas tempranas sean resueltas con la celeridad y la inmediatez”, enfatizó Margarita Cabello.

Todo esto nace de la falta de atención por parte de los diferentes mandatarios del país a las alertas que se han dado a través de la Defensoría. “El 85 por ciento de las recomendaciones que emitimos vía Alertas Tempranas son desatendidas por el Gobierno Nacional y los diferentes gobiernos territoriales, un panorama que evidentemente genera preocupación”, denunció Carlos Camargo.

Si, a pesar del seguimiento y las observaciones que se hagan, las entidades nacionales y territoriales no atienden y cumplen con las alertas, se adelantarán acciones disciplinarias en contra de los y las responsables. Pues, es tarea de la nueva comisión exigir la ejecución de las mismas.

“Lo que nosotros pretendemos es que sean protegidos los territorios y garantizados los derechos de los colombianos”, señaló el defensor del Pueblo.

Las Comisiones Regionales

Tanto Margarita Cabello como Carlos Camargo dieron instrucciones a los procuradores territoriales y a los defensores regionales de adelantar reuniones mensuales para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas.

En un inicio, se estudiarán las alertas emitidas en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá y Huila. Además, la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales deberán priorizar las recomendaciones que se hayan hecho con respecto a la situación de violencia que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país, al riesgo del reclutamiento infantil por parte de grupos armados y a la protección de excombatientes que estén en proceso de reincorporación.

“Lo que queremos es que los funcionarios a cargo de atender las recomendaciones hechas en los documentos de advertencia cumplan con sus responsabilidades para que así se evite la consumación de los riesgos contra las comunidades”, concluyó el defensor del Pueblo.