
El proyecto de paz total continúa su curso en diferentes frentes, parece ser que uno de los que más ha avanzado es el de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, incluso, el 15 de junio salió a la luz una propuesta del Gobierno de Gustavo Petro que ha generado resistencia por parte de la opinión pública, ya que tras la firma del cese al fuego, donde el grupo armado dejó en claro que no dejará sus actividades de ‘financiación′ y se amparó el Derecho Internacional Humanitario donde no aparece de forma directa el secuestro y la extorsión como violación de los derechos humanos.
Debido a lo anterior, el Gobierno decidió lanzar una propuesta que ha creado una ola de críticas, señaló que debido a que el cese no pudo avanzar en estos dos delitos, se está pesando en la creación de un fondo de financiación a la guerrilla para que no extorsionen ni secuestren más, teniendo en cuenta que el último delito ha aumentado de forma significativa en el último año. Pese a que los fondos no saldrían directamente del recurso del Estado colombiano, ya que sería de los fondos que la comunidad internacional aporta para la consolidación de paz en Colombia, muchos consideran que de ser así ese dinero debería ser usado y entregado a las víctimas.
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En este sentido, Camilo Gómez, quien en su momento fungió como alto comisionado para la Paz, en el gobierno de Andrés Pastana y director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del gobierno de Iván Duque, señaló en entrevista con la W Radio, que esta propuesta ha sido mencionada por este actor armado desde el 2002 y que parece ser que no avanzan pese a que han pasado más de 20 años.
En este sentido, dijo que es una propuesta inoportuna, ya que aparece nuevamente cuando el Gobierno nacional ha otorgado beneficios a otros grupos y genera una percepción negativa de los acuerdos. Es por eso que considera que:
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Además, ratificó la idea que se tiene de la guerrilla en términos organizativos: “Es imposible aspirar a tener control sobre toda la gente del ELN”; y agregó que, incluso, pese a las diferencias que tiene con el acuerdo que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos, reconoce que los beneficios ofrecidos a las Farc en ese momento, al menos se concentraron en zonas donde realmente se estaba acordando el cese al fuego.
Por ahora las críticas continúan sobre el tema desde diferentes sectores, incluso, desde el Gobierno, el mismo Otty Patiño, negociador principal de la mesa con la guerrilla, mencionó que es “inaceptable sostener un grupo insurgente”.
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