Sobre el mediodía del 9 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 022 de 2023, donde se describe la afectación a los derechos humanos en el Área Metropolitana de Barranquilla. El documento incluye 45 recomendaciones para garantizar la integridad de los atlanticenses.
La Defensoría alertó que por el accionar de grupos armados en el territorio, principalmente del Clan del Golfo, en las poblaciones de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, se han incrementado las cifras de masacres, asesinatos selectivos, extorsiones, amenazas y desplazamientos internos.
La alerta revela que grupos como Los Costeños y Los Rastrojos continúan delinquiendo en la zona, pero además se ha identificado el surgimiento de nuevas organizaciones tales como los Papalópez, Los Vega, Los Pepes y Rastrojos Caleños. A lo que se agrega la operación de grupos subcontratados, por organizaciones trasnacionales como los Meleán, Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Balcanes.
“Las acciones delictivas de estos grupos delincuenciales y del Clan del Golfo han generado miedo y zozobra en varios barrios de los sectores Suroriente, Suroccidente, Metropolitana, Centro Histórico y la localidad Riomar de Barranquilla, además de los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Esta situación es insostenible, ya que se presentan extorsiones, homicidios y amenazas, acciones criminales de las que son víctimas principalmente pequeños comerciantes, líderes sociales y comunitarios y los mismos habitantes”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante el evento.
El organismo también expuso que durante los tres primeros meses del año se ha registrado un aumento de los homicidios, con 201 casos. Esto en comparación con el primer trimestre los dos años anteriores: 171 asesinatos en 2022 y 140 del 2021. El 85% de los casos está relacionado con el sicariato.
Una tendencia similar se presenta en el caso de las masacres. En los últimos tres años se han presentado 12 casos, uno de las más impactantes fue el 19 de marzo en Barranquilla, cuando fueron asesinadas cinco personas y 14 más resultaron heridas.
Las extorsiones son otro de los delitos que ha registrado aumentos, pues en 2021 se recibieron 132 denuncias, un año después el número incrementó a 532. Se trata de un delito dirigido a los pequeños y medianos comerciantes, que integran la economía popular del área metropolitana.
En la presentación se destacó que la violencia contra líderes sociales, defensores de los derechos humanos, servidores públicos, sindicalistas, ambientalistas, así como voceros de comunidades campesinas inmersas en los procesos de reclamación de tierras. Se recordó que entre enero del 2021 y abril del 2023, se registraron 222 agresiones contra defensoras y defensores, de los cuales tres casos condujeron a tres homicidios.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo hizo 45 recomendaciones, dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, a la Gobernación del Atlántico, alcaldías, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y entre otras entidades del orden nacional.
Todas ellas encaminadas a que se adelanten acciones para garantizar los derechos de las comunidades y habitantes del territorio. Otro de los pedidos fue activar el Sistema de Prevención y Reacción Rápida para que los habitantes de Barranquilla y los cuatro municipios del Área Metropolitana tengan seguridad y tranquilidad.
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