
Disparar al aire es una práctica peligrosa que, lamentablemente, aún es común en algunas regiones de Colombia. A menudo, este acto se hace durante celebraciones de Año Nuevo, exequias fúnebres y otros eventos, como una forma de celebración. Sin embargo, la realidad es que esta práctica puede causar graves daños y consecuencias potencialmente mortales.
De esta manera, el 12 de julio de 2022, las autoridades del Valle de Aburrá detuvieron a un sujeto, identificado como Fredy Enrique Mazo Muñoz, por realizar varios disparos al aire, exactamente entre un parqueadero y un jardín del sector.
En el incidente, los vecinos llamaron a los uniformados que se acercaron al lugar para verificar los hechos, fue allí donde capturaron a Mazo y le fue decomisada una pistola calibre 9 milímetros y un proveedor con cuatro cartuchos. Luego de la verificación de sus datos, encontraron que el hombre no tenía delitos en su contra, sin embargo, el sujeto no contaba con el permiso para portar el arma.
Por estos hechos, el Juzgado 23 Penal del Circuito condenó recientemente a Fredy Mazo a cuatro años y cinco meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Las autoridades confirmaron que al ejecutar esta actividad ilegal, cada disparo puede alcanzar altitudes peligrosas, lo que significa que, en su trayectoria, puede resultar alguien herido o en la pérdida de una vida. Las balas pueden caer a una velocidad considerable, y cuando impactan en el suelo o en un objeto, pueden desencadenar situaciones potencialmente catastróficas.
De igual manera, los uniformados piden a los ciudadanos tener en cuenta las graves consecuencias de disparar al aire y tomar medidas para asegurar que no ocurra.
¿Qué dice la ley al respecto?
La Constitución colombiana en su artículo 223 señala que en el país, el Estado debe tener un monopolio sobre las armas y, por ende, su uso está suspendido, de manera permanente, para la población civil.
De ahí que la posesión de armas de fuego o el porte de las mismas no sea un derecho, sino una excepción. Y quienes deseen portar una “deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte”.

Y si bien existe el concepto de ‘tenencia’ que “permite la posesión de dentro de un bien inmueble registrado”, este “solo autoriza el empleo de las armas dentro de ese inmueble al titular del permiso o a sus moradores”, entre los cuales y por obvias razones, no se incluyen niños de menos de 12 años.
Así que, si bien es posible obtener un permiso de ‘tenencia’ de armas, este debe ser utilizado de forma responsable, más aún dentro de hogares con niños.
De esta manera, la ley determina que será sancionado con multa equivalente a un cuarto (1/4) de salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv), la persona que incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
1. No informar a la autoridad militar competente de la jurisdicción, dentro de los treinta (30) días calendario, sobre el extravío o hurto del permiso.
2. No presentar el permiso vigente a la autoridad militar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se presentó la incautación de que trata el literal.
3. No informar dentro de los treinta (30) días siguientes a la autoridad militar competente de la jurisdicción sobre la pérdida o hurto del arma, munición, explosivo o sus accesorios.
Según las últimas cifras publicadas en 2018 dadas por el Ministerio de Defensa, en Colombia, solo 339.160 personas tienen el permiso de porte de armas.
Y el mismo año, se impusieron 289.261 multas por comportamientos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los demás ciudadanos. Entre ellos: portar armas en áreas comunes o abiertas al público, confrontaciones violentas, agresiones y amenazas. Por el momento, el ministerio no ha dado una estadística más reciente.
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