El hacinamiento en algunos centros carcelarios de Bogotá llegó al 540%, según la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre las condiciones que enfrentan las personas privadas de la libertad en Bogotá. La alerta se emitió después de inspeccionar las condiciones de ocho estaciones de policía, tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y la cárcel de La Picota. Entre los hallazgos se encuentra falta de acceso a servicios básicos como salud, alimentación y agua potable.

El Ministerio Público seleccionó estos centros por ser tener el número de quejas, así mismo se buscaba cubrir la mayor cantidad de localidades en la capital. Puntualmente, se visitaron las estaciones de Usaquén, la Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires, Rafael Uribe Uribe; las URI de Usaquén, Puente Aranda y Paloquemao y el centro penitenciario.

No solo se dio cuenta de los altos niveles de hacinamiento en varios centros de reclusión, que en algunos casos llagan hasta el 540%, también de las precarias condiciones y el trato indigno que reciben estas personas, que duermen en lugares improvisados y con falta de baños.

En la estación de Usaquén el hacinamiento es del 1.111%, en la Candelaria del 270%, en Kennedy del 540%, en San Cristóbal 482%, Engativá 376%, Suba 360%, Mártires 236% y en la de Rafael Uribe Uribe es del 296%. En el caso del centro penitenciario la Picota llega al 222%.

En referencia a la alimentación, la Procuraduría pudo comprobar que las porciones suministradas son insuficientes, además de que algunos alimentos se encontraban en mal estado, lo que implica un riesgo para la salud de los encarcelados.

Frente al acceso al sistema de salud se concluyó que era precario e insuficiente, pues no se garantizan los medicamentos necesarios o la continuidad de los tratamientos, a lo que se suma precarias condiciones de salubridad. Se verificó que algunos de los presos sufren de tuberculosis y leptospirosis, enfermedades que se habrían adquirido en estos espacios.

El último punto resaltado por el Ministerio Público fue la falta de capacitación en los guardianes de los reclusos, quienes diariamente se exponen a ataques, el contagio de enfermedades, así como el desgaste físico y psicológico. Finalmente, se encontró que quienes desempeñan las tareas de guardia están asumiendo responsabilidades ajenas a su cargo, tales como suministrar medicamentos a los presos y asegurar el acceso a las audiencias.

No es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre la situación de hacinamiento carcelario en Bogotá, el 28 de abril se anunció el inicio de la investigación en contra de la alcaldesa Claudia López por esta causa.

En respuesta a la notificación se pronunció el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia. El funcionario responsabilizó al Gobierno nacional, afirmó que la situación en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) deben ser atendidas desde el nivel nacional. Ya que esos espacios no fueron pensados para ser centros de retención permanente. “El artículo 17 de la Ley 67 de 1993 no es claro al respecto y por ello la Corte Constitucional ha emitido algunas órdenes con el fin de dar claridad y distribuir competencias”, citó el secretario.

Las autoridades distritales explicaron que la pandemia y las medidas sanitarias llevaron a cerrar centros penitenciarios a lo largo del país, por lo que se incrementó el hacinamiento en los espacios de retención transitoria, que en el caso de la capital llega al 200 por ciento. Según datos de las autoridades, en 2020 había 1.300 personas recluidas en estos lugares, pero hoy la cifra se triplicó.