Diego Cancino anunció denuncias en contra de Carlos Amaya ante el Comité Ético de la Alianza Verde: de qué lo acusa

Desde hace varias semanas el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino ha hecho varias denuncias en contra del exgobernador de Boyacá y quien además fue precandidato a la presidencia de la República, Carlos Amaya, por varios hechos de corrupción cuando se desempeñó en el cargo.

A la luz de las nuevas determinaciones alrededor del exgobernador, quien fue nombrado el lunes 15 de mayo como copresidente de la Alianza Verde, el concejal Cancino le confirmó a Infobae Colombia, el jueves 18 de mayo, que escalará las denuncias al Comité Ético de la colectividad el próximo martes 23 de mayo.

Aludió que con su nombramiento como copresidente, él se quedará sin garantías electorales para los comicios de octubre, en los cuales el concejal aspira lanzarse nuevamente al Concejo de Bogotá. “¡Infame! La dirección Nacional de la Alianza Verde acaba de elegir a Carlos Amaya como copresidente del partido. A él lo he denunciado con evidencia y no ha podido tumbar, ni siquiera ante jueces, nuestras denuncias. Para las próximas elecciones me quedan pocas garantías, pero daré la lucha”, indicó ese mismo día el cabildante.

Los detalles de la denuncia en contra del exgobernador

Ahora, ¿cuál es la denuncia que llevará Diego Cancino al comité ético de su partido? Plantea su hipotesis que el exgobernador, “que hoy quiere ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, tuvo una gestión adversa según la Controlaría y en su gobernación se perdieron recursos públicos. Con nuestro equipo hicimos una investigación y encontramos un posible carrusel de contratación que involucra a amigos muy cercanos de tiempo atrás y padrinos de personas de confianza del exgobernador”, denunció el concejal Cancino a finales de abril.

Explicó que durante su gestión, personas cercanas a él se ganaron una serie de licitaciones que suman $167.000 millones de pesos.

“Personas muy cercanas. Se trata de los hermanos Peña Villalobos. ¿Cómo logró el gobernador hacer este presunto carrusel de contratación y llegar a resultados tan perjudiciales para los recursos públicos de Boyacá? Los hermanos José y David Peña son dueños de tres empresas: Copacol, Coipav S.A.S. y Constructora El Alcazar. Estas son empresas que, al parecer, hacen parte de un carrusel. Se rotan los nombres pero terminan siendo los mismos dueños y terminan en la misma dirección. Para armar estos consorcios los peñas se alían con personas muy cercanas, al punto que sus respectivas empresas están en las mismas direcciones, aspecto típico de un carrusel de contratación”, añadió el concejal denunciante.

Añadió que los hermanos Peña se quedaron con el monto ya referenciado, el de $167.000 millones, y los demás oferentes que se presentaron a la licitación del 2017, dejaron de presentar los documentos, razón por la cual no se ganaron esa licitación.

“Lo más grave es que probablemente Carlos Amaya sabía de la existencia de estos contratos y probablemente hizo muchas maniobras para que los hermanos Peña se quedaran con los mismos. Los hermanos Peña son personas muy cercanas al pupilo de Amaya de toda la vida, a Jaime Flores. Son tan cercanas que son sus padrinos. Y el exgobernador, se sabe con certeza, conocía a los Peña desde campaña”, indicó el concejal haciendo referencia a varias fotos de redes sociales.

Sobre el interventor de los contratos

Y terminó diciendo que la cereza del pastel es que el interventor de estos contratos, el que debía vigilar cómo se invertían y cuidaban los recursos públicos, es interventor de dos de los tres contratos y ya había sido interventor de algunos contratos de los socios de los Peña.

“Es un interventor de bolsillo. Pero no fue suficiente con concentrar la contratación. Acá hay serias dudas sobre el cumplimiento de la ley. Hay sobrecostos, hay incumplimiento en los pagos (por ejemplo de los salarios de los acreedores), hay un proceso en la Contraloria por investigación de responsabilidad fiscal ante los funcionarios de Amaya y ante el interventor. También hay un proceso abierto en su contra, una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Hay muchos cuestionamientos en cómo se cumplió la ley en esta contratación y en este presunto carrusel de la contratación”, concluyó el concejal.