
Desde Buenos Aires, Argentina, en donde se adelantan una reunión con fiscales de los países del Mercosur, el fiscal Francisco Barbosa volvió a plantear una fuerte controversia con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Barbosa desmintió que la Fiscalía General adelante negociaciones con narcotraficantes, esto en el marco de la ‘Paz Total’, como lo dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. “Eso es falso. Aquí el único que ha manifestado interés de negociar con narcos es el Gobierno. La Fiscalía y los fiscales aplican exclusivamente la ley. Los términos de esa ley serán definidos por el Congreso y no por narcos o negociadores del Gobierno”, dijo Barbosa en entrevista con Revista Semana.
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El fiscal, además, comentó que el Gobierno nacional con su declaración, “de nuevo irrespeta a la justicia”. Cabe mencionar que Luis Fernando Velasco dijo ante el medio citado el miércoles 10 de mayo: “El Gobierno no negocia con narcos, quien negocia una desmovilización es la Fiscalía”.
Durante la conversación Velasco afirmó que la política de la Paz Total tiene dos vías para finalizar el conflicto; la primera consiste en una negociación política directa con los grupos que reconozca el estatus político, poniendo como ejemplo el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Por otra parte, el funcionario mencionó que de nada sirve desmovilizar al ELN si estos mantienen ‘’una máquina de guerra como el Cartel del Golfo’', por ello planteó que es necesario buscar la ruta apta para que estos grupos dejen las armas y a su vez el Gobierno nacional construya una política pública de desmovilización.

Es necesario recordar que existe una ley de desmovilización que se presentó al Congreso de la República y por la cual se va a rendir ponencia. Añadió el ministro del Interior: ‘’Acá viene la gran diferencia: quien negocia una desmovilización es básicamente un fiscal, los que la ley defina’'.
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Petro-Barbosa: debate entre funcionarios
En los últimos días la comunidad nacional ha estado al tanto de las constantes peleas entre el Presidente de la República y el Fiscal General, tanto ha sido el debate que el segundo en mención interpuso una denuncia. Ahora es importante analizar las posturas y menciones de cada uno.
El debate comenzó el 26 de abril por parte del presidente porque por medio de su cuenta oficial de Twitter este compartió una denuncia del portal web La Nuestra Prensa en la que afirmó que el fiscal Daniel Hernández habría encubierto una serie de asesinatos perpetrados por el Clan del Golfo. En respuesta a esto el fiscal Francisco Barbosa afirmó que la publicación pone en riesgo a Hernández y a su familia.
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Luego de esto el viernes 5 de mayo el presidente comentó desde España que como jefe de Estado es también el jefe de Barbosa, estas declaraciones generaron una pelea en la que el fiscal le dijo al mandatario que “no fue elegido dictador”. Tras esta afirmación el presidente reafirmó lo dicho desde España por medio de su cuenta de Twitter y compartió el artículo 115 de la Constitución: “jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

Con estas afirmaciones de un lado y otro se han generado divisiones incluso dentro de la rama judicial de la nación. El abogado José Gregorio Hernández habló con Cambio, ya que este hizo parte de la Corte Constitucional entre 1992-2001 y comentó en el medio, “la separación de poderes y el equilibrio entre las ramas del poder público dicen que, no por ser el jefe del Estado, se convierte en jefe de los otros órganos y ramas del poder público”.
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En esta misma línea el abogado Juan Manuel Charry, habló también con Cambio y afirmó; “Las ramas del poder público son autónomas e independientes, eso quiere decir que una no manda a la otra y funcionan separadamente y deben colaborarse armónicamente”.
Hernández además comentó que el escenario lo que significaría es romper el principio democrático del equilibrio de quienes ejecutan sus funciones, además, de que el presidente como cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarle al fiscal por investigaciones que son de interés nacional.
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De esta manera los dos conocedores de las leyes coinciden en que el fiscal no tiene superior jerárquico. No obstante, en caso de que debiera ser investigado, esto le compete al Congreso, que también es el órgano que podría investigar al presidente.
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