Por esclavitud y secuestro: Procuraduría pidió imputar al Bloque Occidental de las Farc

Tal y como lo había manifestado la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el 2021, el Bloque Occidental de la antigua guerrilla de las Farc debía ser imputada por los delitos de esclavitud durante la militancia delictiva que perpetraron por más de 50 años en Colombia. Esto será una realidad tras la dura solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación al respecto.

El Ministerio Público, a través del procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, solicitó que esa medida se tome cuanto antes contra los excombatientes debido a que sacaron provecho de las armas para esclavizar durante años a sus víctimas y obligarlos a, entre otras cosas, trabajar para ellos.

De acuerdo con el documento, que fue suministrado por funcionarios del organismo de paz a la emisora W Radio, los entonces jefes subversivos secuestraron a 963 personas, de las cuales había 640 integrantes de la Policía, el Ejército y demás componentes de la Fuerza Pública colombiana.

En el texto, que saldrá a la luz pública próximamente, tal y como fuentes de la Procuraduría le confirmaron a Infobae, recuerda el caso de un camionero que fue sometido a esclavitud porque los entonces guerrilleros lo obligaron a transportarlos en su volqueta para los fines delictivos que se postergaron por tantos años en diferentes zonas del país.

Allí, además, se describe el caso de una de sus víctimas que vivió el flagelo del secuestro al que dispusieron de enfermero mientras estaba en cautiverio. Esta situación fue la que vivieron otros de los retenidos ilegalmente durante años hasta antes de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las Farc.

Esos métodos de trabajo forzoso, según había advertido la JEP, hacían parte de la política de secuestro que los entonces guerrilleros manejaban para amedrantar a sus víctimas y por eso, desde el 2021, el organismo de paz se había acogido a lo establecido por la Procuraduría para juzgar esos hechos.

La ahora institución dirigida por la procuradora general Margarita Cabello había dicho que esta era la primera vez que que las autoridades colombianas tomaban cartas en el asunto para que los actores del conflicto armado respondieran por esclavitud y secuestro “sistemático” que vivió el país hasta finales del 2016 tras lo tratado en La Habana, Cuba.

Sobre el secuestro, en el actual documento de imputación, el Ministerio Público responsabilizó al mencionado Bloque de las Farc de haber secuestrado por lo menos a 64 civiles; varios de ellos, según se lee en el texto publicado por la emisora radial, eran menores de edad a los que, incluso, se atrevían a bajar de las rutas escolares que se movilizaban por las vías de la nación.

Dice el escrito que los entonces victimarios no distinguían edades, y en sus filas enlistaban personas de la tercera edad y menores de edad a los que en algunos casos engañaban para llevarlos al monte asegurando que eran miembros del Ejército. Para eso, describe el texto, se disfrazaban de soldados o policías.

A las víctimas de secuestro también las extorsionaron. El procurador delegado Acosta Aristizábal dio a conocer que, por devolver sanos y salvos a los rehenes con sus familias, esa dependencia de las Farc cobraba millonarias recompensas, incluso a campesinos de bajos recursos, que sobrepasaban los 200 millones de pesos.

Ante la gravedad de los hechos, que se derivaron “precisamente de la vulnerabilidad y sometimiento del cautivo a la voluntad del comandante y de la guardia”, según dijo la JEP hace dos años, el representante del Ministerio Público exhortó a los hoy desmovilizados para que cuenten la verdad de lo que saben y se hagan cargo de su papel en esa guerra en la que, entre otras cosas y según describió el funcionario, también se presentaron casos de abuso sexual.