Qué pasó con el campo de Ecopetrol en Antioquia donde resultaron heridos 14 policías: la empresa realizó un reporte

La empresa estatal petrolera Ecopetrol reportó que regresó a operación normal el campo Casabre, en inmediaciones del municipio de Yondó, en Antioquia, donde se registraron ataques contra la Policía Nacional, durante un desalojo, hecho en donde 14 uniformados resultaron heridos. Este campo de producción es uno de los más grandes productores de petróleo y gas en el Valle del Magdalena Medio, desde allí se trasladan dichos productos hacia la refinería en Barrancabermeja, Santander.

Estas protestas habían comenzado desde la semana pasada, cuando algunos de los trabajadores generaron reclamos, porque requerían la vinculación de la mano de obra local, por parte de las 46 empresas contratistas en la zona. Varios de estos líderes de la zona habrían bloqueado el paso vehicular desde Barrancabermeja hasta Yondo, en el departamento de Antioquia y solo permitían el tránsito de ambulancias y del transporte escolar.

Según la información de los voceros de la protesta en redes sociales, se había adelantado mesas de negociación y no se había llegado a un punto de entendimiento. Es necesario precisar que en horas de la noche del 17 de abril las partes del caso habían logrado un acuerdo y de esta forma, se había confirmado el levantamiento de la protesta.

No obstante, un grupo de personas en la zona cercana al campo, decidió ocupar un predio que le pertenece a la petrolera y en el momento en que se había la recuperación se presentó el ataque por parte de sujetos que presuntamente pertenecen al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En total 14 uniformados resultaron heridos, de los cuales siete fueron trasladados a centros asistenciales a Barrancabermeja y uno de estos por la gravedad de sus heridas fue remitido al Hospital Universitario de Santander.

Recuento del ataque

Uniformados de la Policía Nacional tuvieron que realizar un desalojo de varios campesinos que se habían tomado un predio de Ecopetrol ubicado en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, donde policías y civiles resultaron heridos.

Medios locales en Antioquia aseguran que la toma de este predio se debió a que gente inescrupulosa vendieron partes de los lotes, pero el dueño del lote resultó siendo Ecopetrol, por lo que la comunidad trató de tomarse ilegalmente el bien raíz.

Los campesinos de la zona alegaban que alguien les debía resolver lo que estaba pasando allí, y culparon al alcalde del municipio de Yondó, Fabián Echeverría, de no dar ningún tipo de solución a esta problemática (adquisición de vivienda para la comunidad) en sector conocido como 9 de Abril, en límites con el municipio de Barrancabermeja, de departamento de Santander.

La tensión creció tras el paso de las horas entre la comunidad y la Policía Nacional, que contaba con la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Uno de los invasores lanzó una granada de fragmentación contra la fuerza pública, dejando doce policías heridos, tres de ellos de gravedad.

El director encargado de la Policía Nacional, brigadier general Tito Castellanos, señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el presunto responsable del ataque con granada contra los uniformados en Yondó, Antioquia.

Este hecho, inicialmente por el modus operandi y los antecedentes que tenemos se le atribuye preliminarmente, bajo los supuestos, al ELN que delinque en esa jurisdicción”, dijo el director encargado de la Policía. Sin embargo, el brigadier general recordó que la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, también tienen presencia en esa zona del país.

Así mismo, el director (e) recordó que ya se adelantan las labores investigativas para identificar a los responsables del hecho que deja varios policías lesionados en Yondó, Antioquia: “Empezamos a verificar todas las imágenes que tenemos en estos momentos de los drones, de las cámaras de policía judicial y a estructurar bien la investigación a través de elementos materiales probatorios”, dijo.

El director (e) de la Policía informó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables de lanzar explosivos en contra de los uniformados.

“Hay unas imágenes y unos videos que tenemos de los elementos fílmicos que tenían nuestros hombres de policía judicial del drone que estaba avalando el procedimiento y que van a ser aportados a nuestra Fiscalía General de la Nación para iniciar las labores investigativas”, añadió.

El general Castellanos solicitó el apoyo de la comunidad para dar con los responsables del hecho. El director (e) de la Policía insistió en la importancia de que la ciudadanía aporte toda la información y detalles que tengan acerca de las personas que perpetraron el ataque.

El general Tito Castellanos recordó que esta es la cuarta vez que se interviene el predio privado para desalojarlo. Además, aclaró que son entre 80 y 100 personas los ocupantes ilegales que intentaron ser evacuados de manera pacífica sin el uso excesivo de la fuerza.

“Se utiliza de forma gradual y progresiva el uso de las funciones y el servicio de Policía. Actuamos en el marco y en el respeto de los derechos humanos, inicialmente con armas no letales, como dice la norma, teniendo en cuenta que posterior a los explosivos que lanzaron, el contexto de protesta pasó a un ataque terrorista”, explicó.

“Aquí es donde viene la connotación del delito y queda evidenciado en mis doce policías heridos que están en hospitales. Es importante que la comunidad apoye para la plena identificación de los responsables de este hecho terrorista”, añadió el uniformado.

Es de recordar que de los doce funcionarios de la Policía Nacional que están hospitalizados, tres presentan lesiones de gravedad. Por eso, fue necesario el traslado para las intervenciones quirúrgicas en clínicas de Bucaramanga y Barrancabermeja.

Tras lo ocurrido el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter en donde rechazó el ataque y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con la ubicación de los responsables.