
La alcaldía de Cartagena buscaría apelar el fallo que ordena la demolición del edificio Aquarela, según la información difundida en la mañana del 11 de abril, desde el Palacio de la Aduana, alegan que la responsabilidad en la demolición debe estar en el Estado y no en el distrito, temen por los recursos que demande el proceso.
El 31 de marzo, el juzgado décimo segundo administrativo de Cartagena ordenó la demolición del edificio Aquarela. El tribunal declaró que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, así como al patrimonio cultural de la nación. Pero en el fallo también se establece que:
Este es precisamente lo que preocuparía a la administración de Cartagena, según lo revelado por El Tiempo, ya que es esa entidad la que deberá pagar la mayor parte de la demolición. Se debe recordar que no es factible proceder con una implosión, tanto por el carácter residencial de la zona, como por posibles afectaciones al patrimonio cultural.
El juzgado fue consiente de esta realidad, por lo que en el documento se dan tres meses a la administración de Cartagena como a la Promotora Calle 47 SAS, encargada del proyecto, para que presenten los estudios técnicos sobre el derribo de la edificación, para luego proceder con ella.
No obstante, según El Tiempo, el equipo jurídico de la Alcaldía de Cartagena también teme que se presente una ola de demandas, por parte de los compradores del proyecto inmobiliario. Las cuales deberían ser asumidas por esa administración.
No se trataría del único actor interesado en apelar a sentencia, desde El Espectador explicó que la Promotora Calle 47 SAS también estudia la posibilidad de emprender caminos similares.
Entidades como la Procuraduría General de la Nación o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) expresaron su beneplácito con la decisión. Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que continuara interviniendo en estos procesos, a través de su Delegada para la Conciliación Administrativa.
Mientras que la Andje expresó la decisión es clave para mitigar la pérdida del valor universal excepcional en el conjunto del puerto, fortalezas y edificios monumentales, que podrían llevar a la exclusión de Cartagena de la lista de patrimonio mundial de la Unesco.
Zamora aseguró que el fallo proferido el 31 de marzo es claro en determinar que la construcción del proyecto inmobiliario vulneró los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
“Desde la Agencia estaremos muy atentos al cumplimiento de esta orden y a que se pueda restituir ese espacio público, ese entorno cultural y ese derecho que tienen todos los colombianos al patrimonio, que es tan importante y reconocido por la humanidad”, explicó Zamora.
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