Ante el Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra interpuso una acción de tutela en contra de Presidencia de la República, Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque se le retiró el esquema de seguridad asignado, que consistía en un vehículo blindado y dos escoltas.
“Instauro acción de tutela en contra de: La Presidencia de la República de Colombia, representada legalmente por el presidente de la República, señor Gustavo Petro Urrego, o por quien ejerza sus funciones al momento de la notificación, el ministerio del Interior, representado legalmente por el ministro, señor Hernando Alonzo Prada Gil, o quien ejerza sus funciones al momento de la notificación; la Unidad Nacional de, representada legalmente por su director general, señor Augusto Rodríguez Ballesteros, o quien ejerza sus funciones al momento de la notificación”, se lee en la tutela.
Los derechos fundamentales que la exparlamentaria considera vulnerados y de los cuales solicita su amparo son la vida e integridad física, igualdad, locomoción y seguridad personal, pues para ella la UNP no tuvo en cuenta el “riesgo extraordinario” de seguridad que ella tiene por su militancia política.
Adicionalmente, pidió que se le protejan sus derechos políticos subsidiariamente por conexidad con el Bloque de Constitucionalidad como miembro activo del Centro Democrático, así como otros derechos que considere el juez.
Guerra manifestó además que el hecho de no haber aspirado al Congreso no significa que no esté ejerciendo su actividad política. “Soy miembro del comité promotor del Referendo Provida, y estoy en la recolección de firmas para que el aborto no sea un derecho, se proteja la vida desde la concepción y se respete la objeción de conciencia de los todos los ciudadanos, en especial de los trabajadores del sector salud”, expresó.
Añadió que “mi decisión de apoyar candidatos para las próximas elecciones regionales, y la promoción para la realización del Referendo PROVIDA, han sido hechos notorios que se amparan bajo el derecho político que pido me sea protegido, y que son actividades de pleno conocimiento por el actual gobierno central, y como lo mencioné del cual somos opositores políticos, así como de su partido el Pacto Histórico”.
Dice la exparlamentaria que debido a ese referendo ha recibido amenazas en su contra y que solo le dejaron un escolta y un chaleco blindado. “Aquí la accionada UNP claramente actúa de manera caprichosa, mantuvo su arbitraria decisión de cercenar mi esquema de seguridad de Bogotá y sin sustento técnico alguno me retira el vehículo blindado, asimismo retiró un hombre de protección, y me dejó como esquema de seguridad un hombre de protección para Bogotá y un chaleco blindado”, manifestó en la tutela.
Solicitó entonces medida cautelar mientras se toma una decisión de fondo y que se suspendan los efectos de la resolución que le quita el esquema de seguridad que le había sido asignado. Otro de los argumentos que esgrime es que “debido a mis actividades políticas y económicas, me desplazo con frecuencia a varias regiones del país, Pereira y su zona rural, Sincelejo y varios de sus municipios(Sic), y algunas zonas rurales del departamento de Córdoba y de Cundinamarca las de mayor presencia”.
María del Rosario Guerra es economista de la Universidad del Rosario, con maestrías en administración pública de Harvard y economía agrícola de la Universidad de Cornell. Tiene experiencia laboral enfocada en el sector público y la academia. Entre los cargos que ha desempeñado, destacan directiva del Plan nacional de Rehabilitación durante el gobierno de Gaviria y luego directora general del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) durante tres años del gobierno Samper.
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