El presidente del Senado, Roy Barreras, expresó su preocupación por el informe de Human Rights Watch sobre la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia en los meses de enero, febrero y marzo del 2023. Según el documento, en lo que va del año han ocurrido 33 asesinatos a líderes en el país.
Barreras afirmó que es una cifra inaceptable, dolorosa y que se debe detener la matanza de líderes sociales, especialmente en un escenario en el que se ha planteado la Paz Total. Las regiones más afectadas son el Nariño, Cauca y Valle del Cauca, departamentos que acumulan el mayor número de casos.
El senador recalcó que el cese al fuego con el ELN es una responsabilidad moral y que se debe tener un control del territorio y garantizar la vida en las zonas donde los grupos armados no quieren acogerse a la paz.
Barreras aseguró que el cese de fuego con el ELN era una “responsabilidad moral”, así como el control del territorio y la llegada del aparato estatal, a las zonas donde actualmente operan los grupos delictivos, que no han mostrado señales de querer acogerse a los procesos de diálogo y sometimiento a la justicia, a pesar de la política de paz total diseñada por el gobierno de Gustavo Petro.
A pesar de que el presidente del Senado cita la cifra de 33 líderes sociales asesinados, en lo corrido del año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estima que al 31 de marzo del 2023 esta suma asciende a 35 líderes en todo el territorio nacional.
La situación de violencia en contra de los líderes sociales ha sido condenada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y ha llevado al gobierno colombiano a implementar medidas de protección para los líderes y sus comunidades. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la violencia y la intimidación continúan, y la impunidad para los responsables de estos crímenes sigue siendo un problema grave.
El 24 de marzo, El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, también hizo un llamado sobre la situación de los líderes sociales en el país, en comunicación al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por medio de un comunicado de prensa, el funcionario aseguró que se requieren medidas urgentes en todo el país.
Según lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, hay una gran preocupación por la disponibilidad de recursos para garantizar y atender, integralmente, los esquemas de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados en el país. Camargo Assis enfatizó que tanto el Ministerio del Interior como la UNP deben tomar medidas administrativas urgentes, que permitan garantizar la protección necesaria para prevenir el riesgo que corren las personas amenazadas.
Entre las fallas en los esquemas de seguridad reportadas por la Defensoría del Pueblo se encuentran: daños constantes en los vehículos, demora en el mantenimiento de estos, ausencia de remplazos, cuando se programan las reparaciones, retrasos en el pago de los combustibles, asignaciones insuficientes de esos recursos, falta de trámites necesarios para excepción de medidas como el pico y placa para los vehículos inscritos en esquemas de seguridad, lo cual impide la libre circulación de los líderes por el territorio.
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