Iván Cepeda denunciará al fiscal Francisco Barbosa ante la comisión de acusaciones de la Cámara

En la mañana del viernes 24 de marzo, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, anunció que iniciará la respectiva denuncia al Fiscal Francisco Barbosa ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el congresista expuso las razones por las que adelantará la denuncia en contra de Barbosa, “para que se investigue si pudo incurrir en hechos punibles”, aseguró.

En un hilo de la red social, Cepeda inició explicando que el Barbosa, “públicamente ha dicho que no va a dejar que pase en el Congreso el proyecto de ley de sujeción a la justicia de estructuras criminales, lo que podría afectar la autonomía e independencia del debate legislativo”.

En líneas seguidas, el senador del Pacto Histórico dejó como segundo punto que el Fiscal ha faltado a la verdad, diciendo que no fueron recogidas sus recomendaciones al proyecto, las que en su mayoría quedaron incorporadas en el articulado. Por lo que podría afectar posibles procesos de sujeción con estructuras criminales, tendientes a la consecución de la paz.

Como tercer y último factor que pretende hacer la denuncia se hizo referencia a que los medios de comunicación, “han informado que se ha reunido con los partidos políticos y al parecer tendría aspiraciones electorales”, aseguró Cepeda.

Cabe resaltar que, en días pasados el parlamentario se había pronunciado al respecto: “El fiscal hizo nueve reparos al comienzo de este proceso, cuando fue presentada la iniciativa ante el Consejo Superior de Política Criminal, esas críticas fueron incorporadas en su gran mayoría, 8 de ellas al texto de la iniciativa, no es cierto lo que dice que sus apreciaciones y recomendaciones no fueron tenidas en cuenta, eso no es real y es una mentira”, señaló el Iván Cepeda.

Además, resaltó que pese a que muchas de sus opiniones fueron tenidas en cuenta, sigue realizando nuevas críticas, “entonces la pregunta que uno se hace es por qué decide presentar unos reparos al comienzo y después otros cuando llega al Congreso el proyecto y si va luego más adelante a presentar o un tercer grupo, eso puede ser una estrategia de alguna manera para entorpecer el trámite del proyecto de ley”.

Esta no fue la única crítica de Cepeda a Barbosa después en otro trino publicado en la tarde del martes 21 de marzo, lo cuestionó por, según él, evitar el sometimiento a la justicia de las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC— a través del proyecto de ley.

“La pregunta central sobre el Clan del Golfo es la siguiente: ¿Por qué tanto interés en evitar el sometimiento judicial de sus jefes? ¿Será que temen que cuando cuenten verdades los involucren?” Criticó Cepeda, quien añadió que esa es la verdadera razón de la oposición del fiscal a la iniciativa que fue avalada —con varios reparos— por el Consejo de Política Criminal.

Hay que tener en cuenta que, según el fiscal Francisco Barbosa, la Ley de Sometimiento se puede presentar como un mecanismo de indulto a través del principio de oportunidad, por lo que esta pretende, “que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”.

“Yo llamo indultos camuflados como si fuera un proceso de paz a personas que hayan cometido concierto para delinquir agravado (...) con unos delitos que tienen una connotación gravísima con otros delitos, como lo son trata de menores, tráfico de niños, todo lo relativo a extorsión, genocidio y de lesa humanidad”, afirmó el fiscal Barbosa.

El miércoles 15 de marzo se radicó ante el Congreso de la República la Ley de Sometimiento y de acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, este proyecto tiene como finalidad contribuir a la Paz Total. Este Ley establece que las estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, así como deberán brindar información sobre sus patrones criminales, reparación de víctimas y a cambio, el Estado propone penas alternativas entre 6 y 8 años de cárcel.

También estarán cuatro años en libertad condicional mientras realizan trabajos de restauración y reparación de víctimas. Así mismo, quienes incumplan deberán pagar la máxima pena correspondiente a los delitos que cometieron.