Ruta de migrantes que cruzan el Tapón del Darién estaría llenas de minas antipersona, aseguró la Procuraduría

Durante el último patrullaje que realizó la Procuraduría General de la Nación, en el Tapón del Darién, a principios de marzo (2023), el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos logró advertir la presencia de minas antipersona en el paso por el cual se ven obligados a pasar los migrantes irregulares que se dirigen a los países de América del norte.

“La Procuraduría General de la Nación alerta por el hallazgo de minas antipersonal encontradas en la ruta que utilizan diariamente miles de migrantes que buscan cruzar el Tapón del Darién para llegar a Panamá, por lo que pide articulación de las autoridades”, manifestó el ente de control en redes sociales.

El explosivo, tipo camándula, habría sido detectado a la altura del sector de Polín, en el municipio de Acandí, Chocó, durante el tiempo en el que estuvo instalado el PMU; de acuerdo con la denuncia efectuada por Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos:

“La Procuraduría General de la Nación tuvo concomimiento, en el marco del Puesto de Mando Unificado de migrantes, en el municipio de Necoclí, de la presencia de un artefacto explosivo improvisado, tipo mina antipersona, muy cerca de una de las rutas que utilizan los migrantes por el Tapón del Darién con destino Panamá”.

Por lo que no solo se reunirá con las autoridades de orden nacional para tratar esta problemática, sino también llamó a los grupos especializados a incursionar en la zona y desactivar las minas.

“En consecuencia, hacemos un llamado al Comando General de las Fuerzas Militares y al Batallón de Desminado Humanitario con el fin de que, de manera inmediata, realicen la verificación, de si existen otro tipo de artefactos o municipios sin explotar por estas rutas”.

Y es que, tan solo en lo que va del 2023, el tránsito de migrantes por la espesa jungla del Darién se ha multiplicado en un 401%, de acuerdo con el Comando de Policía de Urabá. En concreto, de 10.006 viajeros irregulares que atravesaron el Tapón durante enero y febrero del 2022, durante los mismos dos meses del 2023, llegaron a registrarse 50.135; es decir, 40.129 personas de más.

Una problemática que, en parte se ha agudizado, por cuenta de la nueva red marítima de trafico de migrantes que, también, fue denunciada por Javier Augusto Sarmiento; en la que, bandas criminales cobran 300 dólares por un viaje de Capurganá (Colombia) a Carreto (Colombia), en lanchas rápidas, que realizan este recorrido en horas de la noche.

Entre otras cosas, poniendo en grave peligro a quienes van a bordo y, en muchas ocasiones, deben esperar largas temporadas en costas colombianas, mientras consiguen el dinero suficiente para cruzar, bien sea a través de la mendicidad, el microtráfico o la explotación sexual.

Esto, a la larga, no solo genera un alto costo humanitario, sino también económico para el país, que, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2019 cambió su vocación de emisor a receptor, lo que implica no solo nuevos retos, sino también gastos adicionales, puesto que Colombia pretende fomentar la plena inclusión socioeconómica de migrantes y refugiadas, una meta que podría llegar costar cerca de 1.800 millones de dólares, solamente, en los próximos tres años, según dijo el canciller Álvaro Leyva.

“En la región contamos con uno de los tres movimientos migratorios más grandes a nivel mundial, pero lamentablemente el apoyo recibido en los últimos años, aunque valioso, no resulta suficiente”, expresó en medio de su intervención en la Conferencia en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus Países y Comunidades de Acogida, que se llevó a cabo en la sede principal del Parlamento Europeo, en Bruselas.