
Durante la jornada del 15 de marzo de 2023, el Gobierno nacional radicó la ley de sometimiento para bandas criminales de alto impacto, con la cual se buscará contribuir a la denominada Paz Total, sin embargo, el proyecto que es liderado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, recibió rápidamente las críticas del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que aseguró que no permitirá que esa norma pase.
La ley radicada contiene siete capítulos, en los cuales se incluye el tratamiento penal que será aplicado a las bandas criminales, la aplicación de penas sustitutivas de seis a ocho años según el grado de responsabilidad y un elemento restaurativo que se dará con mecanismos de vigilancia y monitoreo de cuatro años.
“Tenemos una oferta generosa a esas estructuras criminales de alto impacto que se entreguen, confiesen sus delitos, entreguen sus bienes, información, sus patrones criminales y, además, reparen a las víctimas”, aseguró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Esto no fue recibido de manera positiva por parte del fiscal General de la Nación, quien ha sido uno de los principales opositores de las reformas a la justicia que se buscan implementar, y tras la radicación del proyecto habló para los medios y pidió al Gobierno nacional que la ley no se tramite con urgencia, ya que se deben llevar a cabo unos debates completos en los que se lleguen a certezas y no a incertidumbres.
“Le solicito al Gobierno, en el marco de la democracia, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertir los debates en unos debates rápidos, porque este país requiere discusión democrática, deliberación. Hoy buscamos que existan certezas, no incertidumbres, hoy buscamos un país que respete la institucionalidad, no que la pierda, y eso es una preocupación que tengo como fiscal”, declaró el fiscal Barbosa.
Esta iniciativa otorga beneficios a aquellas bandas delincuenciales o miembros de estas que decidan entregar las armas y empezar un proceso de sometimiento. Con esta ley los criminales tendrán la posibilidad de quedarse hasta con el 6% de los bienes que hoy tienen, siempre y cuando estos no superen los 11.500 millones de pesos. Además, no serán considerados ni tendrán ningún estatus político, por lo que este sometimiento no será visto como un proceso de paz.
El Fiscal Barbosa aseguró que varias de sus observaciones no fueron tenidas en cuenta en el documento final, entre ellas el tope que recibirán los criminales que se sometieran a la ley, asegurando que la cifra ideal era de 5.000 salarios mínimos y no la que finalmente quedó establecida.
“Los topes que habían eran 5.000 salarios, los subieron a 10.000, es decir, 10.000 millones de pesos, más o menos 11.000 millones. Es decir, 2,8 millones de dólares usted se embolsa por meterse en la Paz Total”, puntualizó Barbosa.
Por último, Barbosa afirmó que no permitirá que esta ley sea aprobada, reprochando que con ella la Fiscalía deba entregar toda la información de los delincuentes que se sometan a la iniciativa al alto Comisionado para la Paz, cuestionando la separación de poderes y reafirmando que su cargo no es ser subalterno de la rama ejecutiva.
“Yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma, como así que la oficina del alto Comisionado para la Paz, tiene o se obliga dentro del proyecto, que la Fiscalía entregue toda la información judicial, expedientes e indagaciones en el marco del acercamiento que el esta haciendo, ¿dónde quedó la separación de poderes?”, puntualizó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
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