El general Jesús Armando Arias Cabrales, vinculado a la retoma del Palacio de Justicia, fue expulsado de la JEP por no aportar verdad al proceso

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP tomó la decisión de expulsar al general Jesús Armando Arias Cabrales debido a que no hizo aportes concretos a la verdad en el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre del año 1985 en el desarrollo de resolución de un recurso interpuesto al excomandante.

De acuerdo con la información que se dio a conocer el 16 de marzo de 2023, el excomandante quedará a disposición del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá. Allí tendrá que seguir cumpliendo la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia de 35 años.

Así lo anunció la JEP en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que determinó la exclusión “de la JEP al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, por no haber hecho aportes plenos y concretos a la verdad sobre el caso del Palacio de Justicia”.

En el curso del proceso, se conoció que el compareciente “negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985″.

La JEP también señaló que durante la audiencia que tuvo lugar el 17 y 18 de enero de 2023, el general Arias Cabrales no realizó nuevos aportes a la verdad sobre el caso de la retoma del Palacio de Justicia, de manera que solo se tenía información que había sido establecida en la justicia penal ordinaria.

A esto se suma que: “ante la falta de aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, Arias Cabrales vulneró el régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes ante la Jurisdicción”.

De esta forma, la Sala de la JEP determinó que durante los días en los que se realizó la audiencia, Arias tuvo una actitud “indolente e indiferente con el objetivo de la diligencia”, además, anunció que “sus respuestas resultaron en varias ocasiones revictimizantes y ofensivas con las víctimas”.

La JEP también mencionó que Arias Cabrales no suministró información relacionada con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como de los cuerpos de aquellos que no han sido entregados a sus familiares.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, se agotó la etapa dialógica de “rehabilitación del proceso de construcción de confianza”, proceso en el que se esperaba la entrega de información concreta que pudiera aportar al caso, pero esto no fue posible.

Por su parte, durante la audiencia, las víctimas expusieron al compareciente demandas concretas de la responsabilidad por la que ya fue condenado. Asimismo, se pronunciaron sobre los daños causados y plantearon preguntas sobre los motivos por los cuales sus familiares fueron señalados.

Más sobre el caso de Arias Cabrales en la toma y retoma del Palacio de Justicia

Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada XIII del Ejército, con sede en la ciudad de Bogotá, se ha convertido en el oficial de mayor rango en ser condenado por los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en el año 1985.

Arias Cabrales enfrenta una pena de 35 años de prisión acusado por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada en el caso. Sin embargo, desde hace algunos meses, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que no había cumplido con sus compromisos en aportar a la verdad durante el proceso para determinar la ubicación de los desaparecidos en el caso.

Durante el proceso penal se determinó que Arias Cabrales estuvo al frente del liderazgo de la operación de recuperación del Palacio de Justicia, razón por la que habría enviado la orden del ingreso de tanques a las instalaciones, además de la asignación de tareas a miembros de la fuerza pública y la instalación de tropas que formaron parte de la acción.

Sumado a las versiones entregadas por varios testigos, Arias Cabrales sería el responsable de coordinar la salida de rehenes del Palacio con el fin de que fueran ubicados en las instalaciones de la Casa del Florero. Fue así que la Corte Suprema ratificó la condena.