Procuraduría le pidió a la JEP pruebas de como el Fondo Ganadero de Córdoba despojaba tierras de campesinos

El sábado 11 de marzo la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) practicar y contrastar pruebas de los testimonios de Sor Teresa Gómez, cuñada de los exjefes paramilitares Carlos, Vicente, y Fidel Castaño Gil, por despojo de tierras en el Urabá, y el desplazamiento forzado a campesinos de la zona, por acciones realizadas desde el Fondo Ganadero de Córdoba.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó reunir a Sor Teresa Gómez en un espacio judicial con los demás comparecientes del macrocaso 4 para que puedan referirse a las “inculpaciones” o “favorecimientos” que presentó en su declaración.

Concretamente, el macrocaso 4 de la JEP estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó) y se prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región entre 1986 y 2016.

La solicitud de la Procuraduría General a la justicia de paz se basa en que, si bien se convocó a los comparecientes a rendir nuevas versiones voluntarias e incluso se practicó una colectiva, “siguen existiendo contradicciones en los relatos, que no permiten alcanzar una comprensión coherente de lo ocurrido al interior del Fondo Ganadero de Córdoba”.

Así la cosas, el órgano de control cree necesario que se llame a declarar a Gonzalo Bernal Pérez, gerente de Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), para que precise la forma en cómo se desarrolló el programa de reforestación del Fondo Ganadero y que aclare el proceso del contrato de reforestación de predios celebrado con el Ministerio de Agricultura en 2004, e informe sobre la participación que tuvo Carlos Gustavo Cano, para entonces, ministro de esa cartera.

En otro de sus pedidos, la Procuraduría General solicitó que sean escuchados Guido Vargas, alias Camisa Verde y Marcos Furnieles, socios y comisionistas de Sor Teresa Gómez, para que esclarezcan el momento en el cual ocurrió el desplazamiento de las personas de la región de Tulapas; cómo se logró el despojo de tierras, los parámetros de negociación de los predios, la forma de pago y titulación, y su relacionamiento con miembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero.

Pero esos no fueron los únicos pedidos del Ministerio Publicó que en su comunicado aclaró que: “Igualmente debe ser oída Victoria Eugenia Restrepo Uribe, coordinadora del programa familias guardabosques y coordinadora de los cultivos ilícitos, para que explique los criterios utilizados al asignar incentivos en el programa de sustitución de cultivos en Tulapas”.

Victoria Eugenia Restrepo Uribe fue mencionada en declaración por Benito Antonio Osorio Villadiego, miembro del Fondo Ganadero, de ser la encargada de la reforestación de la finca Tulapas y de tener reuniones con John Jairo Rendón Herrera, conocido como Don Mario’ comandante del bloque “Elmer Cárdenas” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Hay que señalar que Sor Teresa Gómez, considerada como la mujer más poderosa de los grupos paramilitares de Colombia, delinquía en Córdoba y Urabá. La mujer, capturada en octubre de 2013, era la esposa de Manuel Gil, medio hermano de Carlos y Fidel Castaño, líderes de las AUC, lo que le permitió ver de cerca y actuar dentro de organizaciones ilegales de esas fuerzas armadas, además de ganarse la confianza de los hermanos, principalmente la de Fidel.

La mujer se vio involucrada en casos de extorsión y despojo de tierras de campesinos; sin embargo, el crimen que le significó una condena de 40 años de privación de su libertad fue el asesinato de la lideresa social Yolanda Izquierdo, en 2007.