
La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, firmó en diciembre de 2022 un contrato de forma directa con una empresa para que se encargara de hacer el diagnóstico para la implementación de los sistemas de identificación de hinchas en los estadios del país. El proceso parece no tener ni pies ni cabeza ni cumplir con la normativa.
El contrato es millonario. Tuvo un valor de $4.950.000.000 pesos colombianos por cinco meses de ejecución, con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el análisis de la implementación del sistema de validación nacional y del proceso de acceso a los estadios.
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El contrato fue adjudicado bajo contratación directa el 30 de diciembre de 2022 a una empresa llamada Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). Pero todo el proceso contó con irregularidades que se han ido conociendo mientras ya estaría en ejecución, pero que fueron advertidas sin frutos desde antes de que se firmara.
Los propios funcionarios del Ministerio del Deporte, como el director de Inspección, vigilancia y control, Jorge Hernán Colmenares, y el jefe de la Oficina de Contratación, Edwin Yamit Martínez, le manifestaron a la ministra su inconformidad con como se estaba adelantado el proceso, según reveló Cambio.
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Colmenares manifestó por carta interna del Ministerio del Deporte que la estructuración del contrato la hizo la Secretaría General, que no conocieron el proceso sino pocos días antes de su presentación en el Comité de Contratación, y se había incluido su firma en los documentos pese a que no había hecho parte de su formulación. Además, señaló que la propuesta de Aldesarrollo era igual a las de otras empresas Bits Sport y Comité Paralímpico Colombiano.
El jefe de Contratación, según Cambio, se apartó del proceso. Aseguró que no estaba de acuerdo con la adjudicación directa, sino que debía hacerse un proceso de licitación en el que compitieran los proponentes, yendo en contra del principio de planeación. Además, que de aprobarse sin su firma, se incumpliría el flujo de aprobación correspondiente.
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El documento de justificación de contratación directa del Secop está firmado por Fabio Alberto Alzate Carreño, secretario general. En este se manifiesta que el Ministerio tiene la posibilidad de firmar convenios interadministrativos con entidades del Sistema Nacional del Deporte y justifica que Aldesarrollo, por “su carácter de organismo privado, pero con funciones de servicio público sin ánimo de lucro e integrante funcional del SND; lo convierten en el aliado estratégico del Ministerio del Deporte para el cumplimiento de sus objetos misionales y estatales en el desarrollo de proyectos deportivos de interés público”.
En ese documento se sostiene que la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control participó del proceso de evaluación de la propuesta presentada por esa empresa, contrario a lo que aseguró su director y como se lo habría hecho saber a Alzate. Colmenares, que trabajó para varios equipos de fútbol, llegó a ese cargo en septiembre de 2022 y declarado insubsistente el 16 de enero de 2023.
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Además, en el acto para justificar el contrato interadministrativo, no se justifican los conceptos técnicos para señalar que el pago del convenio se distribuirá en “$3.808.000.000 como aporte del Ministerio del Deporte, y el valor de $1.142.400.000 como aporte de la ESAL ALDESARROLLO”. Tampoco se citan los certificados de disponibilidad presupuestal para asumir ese costo.

Este contrato se adelantó con base en el Decreto 1622 de agosto de 2022, en el que se establecieron los mecanismos de seguridad para la convivencia del fútbol profesional para implementar por etapas la reglamentación de la venta, emisión de la boletería y el sistema de ingreso de aficionados a los eventos de fútbol.
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En ese documento se define el “Sistema de Validación Nacional como; “Desarrollo tecnológico - Software que permitirá la interoperabilidad realizar la verificación de las sanciones vigentes de prohibición de ingreso a escenarios deportivos”. Este debía implementarse en tres fases, una de planeación y diseño que correspondería al contrato firmado, una segunda de integración con los comerciantes de boletería y una tercera de asociación con el documento de identidad y la instalación de los equipos de lectura.
Aunque Aldesarrollo entregó un documento con más de 339 contratos que ha firmado en la implementación de soluciones tecnológicas, ninguno de ellos correspondería a sistemas biométricos de identificación, por lo que tampoco sería idónea para desarrollar ese sistema que busca reducir la violencia en los estadios.
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Urrutia, tras su despido, señaló a la emisora W Radio que el contrato quedó bien hecho y la compañía contratada tiene la capacidad para ejecutarlo. “La experiencia sí la tienen. Son tres universidades y el contrato interadministrativo se podía hacer. Segundo, cumplió todos los requisitos necesarios”, sostuvo.
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