Este 27 de febrero se dio a conocer que el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sostendrán una reunión para hablar sobre la petición que le hizo el mandatario local al Gobierno nacional el pasado 24 de febrero. De acuerdo con la información publicada por la W Radio, el diálogo será este martes 28 de febrero en la ciudad de Bogotá.
La noticia se da luego de que el alcalde de la capital antioqueña enviará una misiva al presidente haciendo una solicitud para poder congelar las tarifas de servicios públicos de EPM. El documento de una sola página comienza asegurando que para las familias del país es cada vez más complejo sostener su economía debido a que mensualmente se está dando el alza de precios de algunos productos, entre esos, los servicios públicos.
Tras exponer el motivo principal por el que hace la petición, el mandatario local procedió a mencionar el decreto que facultó al presidente para reasumir la regulación de servicios públicos en Colombia, para justificar porque la petición la dirige directamente al ejecutivo.
De ser aprobada la petición de Quintero, diferentes regiones del país se verían beneficiadas, entre estas: Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta.
Recordemos que el decreto con el que el presidente de la República asumió esta responsabilidad fue firmado por su gabinete, aunque la noticia habría sido mencionada por el mismo Petro a finales de enero, en ese momento aseguró que esta función sería a favor de los colombianos.
“Voy a asumir el control directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero el interés general y el del usuario”, precisó en un evento en Duitama, Boyacá, el 26 de enero.
Pese a que la iniciativa ha sido bien recibida por algunos sectores, pero hay otros que aseguran que esto podría crear incertidumbre en los sectores energéticos, por ejemplo, el vicepresidente de Crédito de Moody’s Investors Service, Adrián Garza, afirmó que el nuevo decreto podría retrasar nuevas inversiones en al interior del país, ya que estas facultades son usados en ambientes de alta inflación, pero así mismo, no tiene una incidencia positiva, pues, pone a los sectores financieros en alerta.
“Si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”, subrayó el vicepresidente de crédito de Moody’s Investors Service.
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