
Un grupo de congresistas presentó un recurso de apelación a la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, de tramitar la reforma a la salud como una ley ordinaria. Una semana después, el legislador respondió a la carta y expuso los motivos por los que la iniciativa no debe tener un carácter estatutario.
En el documento explicó cuáles son las dos posturas que han chocado respecto al trámite legislativo que tendrá la reforma. “Algunos congresistas consideraron que la iniciativa tenía un componente reformista” respecto al derecho fundamental a la salud, por lo que debería ser tratada como estatutaria, mientras que otros sostenían que se modificaría la Ley 1751 de 2015.
Así pues, David Racero resumió el debate que han tenido distintos funcionarios en las últimas. El Gobierno nacional, por ejemplo, manifestó que se trataría de una ley ordinaria, pues no se pretende modificar el derecho a la salud, sino que se harían cambios en la prestación del servicio. Esa postura, según ellos, se basa en la asesoría de abogados constitucionalistas.
El presidente de la Cámara de Representantes destacó que el proyecto fue tramitado ante esa corporación, por lo que quedó en sus manos decidir si era una ley estatutaria u ordinaria. Esas son “facultadas limitadas que están establecidas por la ley —recordó Racero— revisar la materia de que trata el proyecto (...) y asignar el proyecto a la comisión constitucional respectiva”.
La decisión del congresista del Pacto Histórico se basó en un pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional ante los trámites de leyes ordinarias y estatutarias. Se trata de la Sentencia C-791 de 2011, que analizó una demanda que pretendía derogar una reforma de ese año al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En el recurso se apelaba que era una ley estatutaria; sin embargo, el alto tribunal no encontró fallas en el proceso del Congreso de la República. De hecho, en el fallo se aclaró que no todas las modificaciones al sistema corresponde a afectar el derecho fundamental, sino que puede tratarse de cambios en la prestación del servicio. Para Racero, ese sería el caso de esta reforma.
La respuesta a los congresistas
El presidente de la Cámara de Representantes indicó que hasta el 17 de febrero hicieron el reparto del proyecto de ley a la Comisión Séptima; sin embargo, “con sorpresa fueron recibidas apelaciones incluso antes de efectuar el reparto mismo, algo a todas luces improcedente”. Con eso se refirió a los recursos que tramitaron algunos congresistas el 15 y 16 de febrero.
La respuesta está dirigida a los parlamentarios Catherine Juvinao, Hernán Darío Cadavid, Juan Carlos Lozada, Juan Carlos Wills, Paloma Valencia, Humberto de la Calle, Jota Pe Hernández, David Luna y Carlos Fernando Motoa. El presidente de la Cámara resaltó que, en el caso de los senadores, no es posible apelar decisiones de otra corporación, por lo que sería “improcedente”.
Respecto a los recursos de los representantes, argumentó que su decisión está cumpliendo con lo establecido por la ley. Así las cosas, la reforma a la salud será tratada como una ley ordinaria en el Legislativo y será debatido en la Comisión Séptima.
Cabe recordar que llevar un trámite estatutario también implicaría desconocer los motivos del Gobierno nacional en la presentación del proyecto de ley. Esto debido a que al ser ordinario se discutirá en sesiones extraordinarias y se evitaría aplazar el debate para las sesiones ordinarias, que inician el 16 de marzo.
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