La Fiscalía también investigará compra del avión de la Policía que costó 12 millones de dólares

La Fiscalía General de la Nación anunció que investigará la compra del avión por parte de la Policía Nacional, sumándose así a otros entes de control como la Contraloría General de la República. La información fue revelada por varios medios de comunicación en la noche del 22 de febrero.

Una de las fiscalías especializadas ya habría iniciado una indagación preliminar, la cual se desprende de los hallazgos preliminares de la Contraloría, de confirmarse las sospechas de los investigadores, el detrimento patrimonial ascendería hasta los 12 millones de dólares, según la información reportada por la FM Radio.

El avión Legacy 600 fue adquirido por intermediación de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC) y solicitado por la Policía Nacional. Durante las indagaciones de la Contraloría se reportó que con los recursos utilizados en la compra del avión tipo jet, se hubiera podido adquirir un avión mucho más moderno. Sin embargo, también se reportó que las especificaciones de los aviones que decía necesitar la Policía pudieron ser alteradas,

La Policía empezó a diseñar un plan de mejoramiento de sus equipos aéreos desde 2016, un plan que fue avalado por el Ministerio de Defensa, tras una revisión en la que se contemplaba la compra de tres aeronaves.

Antes de decidirse por el Legacy 600, se habrían realizado numerosas visitas técnicas en las que se pusieron en una balanza las necesidades de la institución y las capacidades de esta y otras aeronaves, ajustándose más el avión adquirido, cuyo precio, no solo estaría justificado en el año de fabricación:

En el mercado, los Legacy pueden llegar a ser vendidos hasta en 14 millones de dólares, pero el que está en Colombia, para uso de la Policía Nacional, fue adquirido en poco más de 12 millones.

“La aeronave está en proceso de entrega y no se ha empezado a usar ni se han probado sus capacidades. ¿Cómo pueden hablar de detrimento cuando ni siquiera han permitido que se empiece a usar?”, cuestionó la fuente de la Policía.

El proceso de compra, según indicaron fuentes de la Policía en entrevista para El Tiempo, se realizó en compañía de la Contraloría. En mesas técnicas se decidió entregar la responsabilidad contractual a la CIAC, entidad que ya ha ejecutado compras similares en el pasado.

“Se eligió la CIAC porque ya ha realizado contratos permanentes con la Policía, tiene una gran experiencia y reconocimiento y conoce el mercado. Y además hace parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED)”, reveló la fuente de la Policía.

Para el organismo de control, la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, “representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional”.

La respuesta de la Policía Nacional llegó tres días después por parte del director de la institución, el general Henry Armando Sanabria Cely, que ante los medios de comunicación señaló que ya se ha comunicado con la Contraloría para esclarecer las denuncias por la compra de la aeronave.

Respecto al informe de la auditoria realizado por la Contraloría, se determinaron 19 hallazgos administrativos, que tienen presunta incidencia fiscal, de carácter penal y otras. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de 157.961.731 millones de pesos y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.