Cambios en el programa Mi Casa afectarían a familias y constructores

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció el pasado 16 de febrero algunos cambios sustanciales al programa Mi Casa Ya, contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), buscando que pueda llegar a todos los municipios del país y beneficiar así a quienes más lo necesitan.

No obstante, el Centro de Estudios Económicos de Anif advirtió algunos efectos negativos que traerían estos cambios planteados y por la reducción en el presupuesto del programa. “Las dos modificaciones operativas de Mi Casa Ya por el Plan Nacional de Desarrollo y por las modificaciones que se harán vía decreto generan, en el peor momento, una crisis en el programa bandera de la política de vivienda en Colombia”, advierte la Anif.

Esto agudizaría el mal momento por el que está pasando el sector inmobiliario en la venta de viviendas nuevas, pues según, Coordenada Urbana de Camacol, en enero se cotizaron un total de 11.978 unidades, menos de la mitad de las que se vendieron en el mismo mes del año pasado: 23.934.

El centro de pensamiento rescata la intención de cubrir a un mayor segmento de la población. “Sin embargo, la recomendación de política se centra en reconocer qué instrumento es el más adecuado. En este rediseño de política, este es un elemento central sobre la discusión que se abre”, dice la Anif.

Pero, una de las preocupaciones del centro es “por el bajo presupuesto asignado para la presente vigencia que en distintos medios de comunicación se ubica en valores cercanos al medio billón de pesos”.

“La inversión en el 2022 en subsidios de Mi Casa Ya según información del Ministerio rondó los $2,5 billones para alrededor de 60.000 subsidios. Considerado los efectos de la reducción de presupuesto y el incremento del salario mínimo, el volumen de subsidios garantizados para este año estarían entre los 10.000 y los 15.000 lo que sería un golpe fuerte al sector edificador que viene enfrentando una fuerte caída en las ventas”, detalló la Anif.

Según los análisis hechos por esa institución, este presupuesto estaría limitando el acceso a los hogares de bajos recursos a tener una vivienda propia.

Por otra parte, también se estaría afectando a la Vivienda de Interés Social (VIS), pues se modifican los topes con los que ha trabajado este programa. Actualmente, es de 150 salarios mínimos legales vigentes en las principales ciudades para la construcción de vivienda, mientras que para el resto del país es de 135. Pero, se está planteando cambiar el salario mínimo por UVT (Unidad de Valor Tributario) como forma de establecer los topes.

De tal forma que el nuevo tope sería de 3.552 UVT, que en el 2023 representa poco más de 150′600.000 pesos, lo cual representaría un aumento del 0,4% frente al 2022, pero si fuera en salarios mínimos, el aumento sería del 16% (174 millones de pesos).

Para la Anif esto es insignificante frente al 13,25% del IPP (Índice de Precios al Productor) que resulta injustificado y deriva en el riesgo de reducir la oferta de viviendas VIS en las ciudades. “Este articulo en especial puede ser perjudicial para el sector y para la oferta de vivienda en el país. Si el objetivo es incrementar el acceso, la medida de cambio de topes no se observa como una solución a estos problemas”, dijo la Anif.

También se destacó que el programa ha ido creciendo y se ha ido perfeccionando en los últimos años con ajustes y elementos adicionales como la concurrencia con las cajas de compensación para la entrega de subsidios de vivienda a los trabajadores afiliados que ganan menos de cuatro salarios mínimos.