Procuraduría anunció investigación a seis generales del Ejército por operación militar

El jueves 16 de febrero, la Procuraduría General de la Nación anunció que seis altos oficiales de las Fuerzas Militares, al parecer, estarían comprometidos en las irregularidades que se presentaron en la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la vereda El Alto Remanso, el 28 de marzo de 2022, en la que murieron 11 personas.

El Ministerio Público pudo establecer que la responsabilidad de los militares a través de pruebas y testimonios recaudados en la indagación previa sobre este hecho, sin embargo, no se entregó los nombres de los posibles implicados.

El 28 de marzo del 2022, el Ejército aseguró que la operación militar estaba dirigida contra presuntos guerrilleros pertenecientes a las disidencias de las Farc.

Esta actuación disciplinaria fue remitida de la Delegada para los Derechos Humanos a la Sala Disciplinaria de Instrucción. Después del análisis de las pruebas recolectadas, el 21 de abril de 2022, la funcionaria ordenó vincular a la indagación previa, varios integrantes del Ejército en la participación de la operación.

“Estos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público ejerciera poder preferente para conocer la indagación disciplinaria adelantada por el Batallón contra el Narcotráfico No. 3 el pasado 18 de abril de 2022 y solicitara la práctica de nuevas pruebas”, manifestó la Procuraduría en un comunicado.

Adicionalmente, la Procuraduría indicó que trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, han realzado múltiples inspecciones a los procesos penales y disciplinarios en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.

“De ahora en adelante será esta sala disciplinaria la que ordenará el recaudo de nuevas evidencias y definirá futuras acciones dentro del proceso, garantizando los derechos a la defensa y al debido proceso de víctimas e investigados”, indica un comunicado de la Procuraduría.

Es importante recordar que dentro de las personas fallecidas en la operación militar se destarcaron: Brayan Santiago Pama, un menor de edad de 16 años; Ana María Sarrias, una mujer en embarazo; Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal; y Pablo Panduro Coquinche, gobernador Indígena del Cabildo Kicwa Bajo Remanso.

Respuesta del Gobierno

El presidente para ese entonces, Iván Duque defendió las acciones las Fuerzas Militares asegurando que la operación “tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio”. A su vez, manifestó que se obró “con todos los protocolos” estipulados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por su parte, el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, brindó unas declaraciones en una entrevista en Noticias RCN y destacó que, “fue una operación planeada y acompañada por una inteligencia dominante dirigida contra una estructura criminal, el Gaor 48″.

Frente a estas víctimas, el comandante manifestó que: “no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes, colombianos combatientes”. A su vez, mantuvo su posición de que las 11 personas pertenecían a las mencionadas disidencias.

Además, el ministro de Defensa en ese momento, Diego Molano, rindió su versión de los hechos. Ante la Cámara de Representantes, el funcionario sostuvo que la operación militar ejecutada por el Ejército Nacional fue legítima y que solo se atacó a guerrilleros y no a civiles.

“La operación fue para defender a los putumayenses y a los colombianos, como corresponde la misión de nuestra fuerza pública”, sostuvo Molano.

Se conoció qué civiles estaban en un bazar, cuyo objetivo era recolectar fondos para costear una placa-huella en su barrio, cuando uniformados del Ejército los atacó indiscriminadamente.