Autoridades ambientales no cumplen sentencias en el arroyo Bruno, advierte Contraloría

Por medio de la sentencia SU-698 la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades indígenas de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero de la etnia wayuu, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de desviación parcial del cauce del arroyo Bruno por parte de Carbones del Cerrejón.

Sin embargo, en febrero de 2023 la Contraloría General de la Nación emitió un nuevo informe en el que advierte como ineficiente la gestión del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Corpoguajira y la Agencia Nacional de Minería, en el cumplimiento de órdenes de la sentencia en favor derechos del pueblo wayuu ante la amenaza de la destrucción del arroyo Bruno.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que viene denunciando las afectaciones ambientales y los riegos para las comunidades étnicas por el desvió del arroyo Bruno, señaló que en el informe de la Contraloría se evidenció un “estancamiento en el cumplimiento de las órdenes judiciales e incluso empeoramiento de las condiciones de vida de las comunidades wayuu accionantes por la no satisfacción de los derechos tutelados”.

En uno de los siete hallazgos, la Contraloría apuntó que encontró debilidades y deficiencias en las garantías y mecanismos de participación de las comunidades, “pues esta no ha sido efectiva, tanto para las accionantes como para los intervinientes técnicos, a quienes no se les han convocado en su totalidad o se ha hecho caso omiso a las consideraciones que estos han interpuesto en informe de la orden octava y de la orden quinta”.

La sociedad Carbones del Cerrejón fue demanda por querer dinamitar un tramo del cauce natural del arroyo Bruno para expandir la explotación de carbón. En 2020 la Contraloría radicó, ante el juzgado de seguimiento, un informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno.

Tres años después, el mismo órgano de control expuso en su informe de seguimiento que no se está cumpliendo la orden de la Corte de suspensión de actividades mineras al interior del Tajo la Puente que avancen hacia el área del cauce natural del arroyo Bruno.

En varias oportunidades, la empresa Carbones del Cerrejón Limited ha manifestado que:

En este punto, la Contraloría General enfatizó que “no existe evidencia, ni certeza de que el cauce artificial, por sí solo, garantice los mismos servicios ecosistémicos, además, de las dinámicas e interacciones con las aguas superficiales y subterráneas, teniendo en cuenta, la función ecológica que estas cumplen asociadas, a la importancia, vulnerabilidad y características del ecosistema bosque seco tropical, en la cuenca del río Ranchería.”

Ambientalistas han señalado que La Guajira es un territorio altamente vulnerable a la crisis climática, con una reconocida y aguda crisis humanitaria a raíz de la escasez hídrica y alimentaria, y por eso, la importancia del arroyo Bruno, acuífero de agua dulce que alimenta al departamento.

Por último, en el informe del órgano de control fiscal se alertó sobre los trabajos que ha realizado Carbones del Cerrejón en el territorio, “así como las que tiene proyectado realizar, teniendo en cuenta los impactos acumulativos y residuales que todas estas producen. No se aborda cómo se compensará el agua dejada de captar por las áreas aferentes destruidas, acuíferos y sus descargas eliminadas con el avance del proyecto minero”.

Por su parte, para el Cajar, “lo reportado por la Contraloría General de la República respalda lo que comunidades hemos denunciado por años. Continuamos haciendo un llamado a que paren los abusos y violaciones en un territorio donde su población se resiste a ser condenada al etnocidio y al ecocidio que ha dejado la explotación extractivista”.