
Para el miércoles 2 de febrero quedó programada la presentación que hará la Fiscalía General de la Nación del acuerdo logrado con el coronel (r) Benjamín Núñez, máximo responsable del asesinato de tres jóvenes en el corregimiento Chochó —Sucre— que fueron presentados, posteriormente, como integrantes del Clan del Golfo.
En este acuerdo, el organismo de control demostrará que el exmando de la Policía Nacional aceptó cargos por los delitos homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y privación ilegal de la libertad. En ese sentido, pagará 29 años de prisión.
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Sumado a eso, la defensa del procesado dijo que, incluso, este se había ofrecido como gestor de paz y negó la existencia de algún tipo de beneficios en prisión. “Nunca se le han encontrado elementos de prohibida tenencia (...) No tiene un régimen alimenticio especial y simple y llanamente y que ha cumplido sus obligaciones como cualquier otro privado de la libertad”, indicó Sergio Ramírez, abogado del antiguo uniformado.
De igual manera, el coronel (r) también se comprometió a entregar información a la Fiscalía no solo sobre este caso, sino con relación a posibles delitos cometidos en el mismo sector donde ocurrió el crimen contra Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza.
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Vale mencionar que en septiembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación había solicitado la medida de aseguramiento contra Núñez, quien no había aceptado los cargos relacionados con el triple ‘falso positivo’ a fin de negociar un acuerdo con la Fiscalía, lo cual ocurrió.
En esa fase del proceso, el organismo judicial había argumentado que Núñez debe recibir una alta condena por su participación en los hechos cometidos el 25 de julio: “El Ministerio Público sí le solicita a la Fiscalía que investigue más a fondo todo esto que ocurrió en los hechos, porque hay versiones diferentes en todas esas declaraciones juramentadas”, añadió la funcionaria de la Procuraduría, pidiendo de paso celeridad a las pesquisas.
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El 10 de septiembre del mismo año, el fiscal del caso señaló en audiencia que el coronel estaba en plena capacidad de sus funciones mentales y era totalmente consciente de que sus acciones contra los tres fallecidos eran ilegales: no podía detenerlos ni asesinarlos, incluso en el caso de que estuvieran involucrados en alguna actividad delictiva.
Otro uniformado fue capturado por el crimen de los tres jóvenes
Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía detuvieron, el 30 enero de 2023, al mayor de la Policía Cristian Alberto Betancur Salamanca, implicado en los hechos perpetrados el 25 de julio de 2022.
El oficial, que será procesado por los delitos privación injusta de la libertad y tortura, fue cpturado en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Sucre, en Sincelejo, donde estaba ultimando detalles para entregar formalmente la oficina administrativa que estaba a su cargo, porque había sido trasladado a Tolú para comandar el distrito del Golfo de Morrosquillo.
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Un patrullero fue quien involucró a Betancur con su versión juramentada, que está registrada en el expediente, en la que aseguró que: “veo que mi mayor Betancur iba de civil y chaleco negro. Él se acerca de rapidez. Se subió a una llanta de la camioneta (de la subteniente —María Camila— Buriticá) y se sube a la llanta trasera y le hace así —señala cómo golpeó el uniformado a una de las víctimas—, le pega en la cabeza (...) Enseguida arranca el vehículo. Vi que lo golpeó con un objeto negro en la cabeza pero no alcancé a ver si era una pistola o era otro objeto”.
Con esta nueva captura, ya van 12 uniformados privados de la libertad por la muerte de los tres jóvenes. Betancur es el segundo con mayor rango, después del teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, señalado de haberles disparado y ordenado todo el operativo.
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