Tras salir de una reunión con su homólogo norteamericano Merrick Garland, el fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, cuestionó el cese al fuego que decretó el presidente Gustavo Petro con cuatro organizaciones armadas en el país. Comparó el hecho con haber cesado las hostilidades con los más grandes capos y organizaciones narcotraficantes de los años 1980 como Pablo Escobar.
“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”, sostuvo el jefe del ente investigador en la puerta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Washington.
El mandatario firmó los decretos para suspender las hostilidades con las organizaciones denominadas Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, que son disidencias de la extinta guerrilla de las Farc; el Clan del Golfo y Autodefensas de la Sierra Nevada o Pachenca.
“Esos decretos tienen que ser revisados desde el punto de vista de lo que implica para la operatividad del país. El artículo segundo de esos decretos plantea que se cesan operaciones policivas y militares”, afirmó el fiscal Barbosa, que además cuestionó las operaciones contra los cultivos ilícitos en el gobierno Petro.
El Gobierno nacional ha buscado nombrar gestores de paz para esos procesos, tanto para acercamientos para diálogos como para verificar el cese al fuego, pero el fiscal general se impuso. Barbosa negó, como lo confirmó el 18 de enero, a suspender las órdenes de captura en contra de 16 integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca.
Barbosa también reveló tras la reunión con sus homólogos norteamericanos, que del listado de delincuentes que envió el Gobierno para suspender las órdenes de captura, cinco tienen solicitudes de extradición, cuatro en Estados Unidos y uno de España, por delitos de narcotráfico. Entre la lista estaría alias Chiquito Malo, heredero de alias Otoniel, quien ya está en una prisión de ese país.
Esta situación ha generado una diferencia entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, que buscarán resolver en una reunión citada para el 30 de enero. Allí, el jefe del ente investigador le expondrá las reservas que tiene sobre la suspensión de órdenes de captura y la impresión que genera para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la política contra las drogas. En la reunión también estuvo presente Kenneth Polite, fiscal general adjunto, jefe de división penal de DOJ.
Según Barbosa, en su visita a Washington recibió respaldo “indeclinable” y percibió “mucha preocupación” respecto a la lucha contra las drogas y narcotraficantes que adelanta el gobierno colombiano. “Es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el Presidente de la República, para equilibrar lo que está ocurriendo, para que todos podamos vivir bajo las ideas de un gobierno que ganó, pero también bajo el estado de derecho”, dijo el fiscal, según citó El Tiempo.
El fiscal señaló que sus temores corresponden a mantener las capacidades de persecución judicial de la Fiscalía General de la Nación, porque en cuanto a narcotráfico se involucra tanto al Ejecutivo como a los organismos judiciales, como lo establece el Código Penal.
El Ministerio Público respalda a Barbosa en las competencias para suspender las órdenes de capturas de miembros de organizaciones criminales de alto impacto, que se han solicitado antes de siquiera conocerse la ley de sometimiento.
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