El lunes 23 de enero, los ministerios de Trabajo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones —TIC— dieron a conocer su apuesta para regular a cerca de 700 plataformas digitales que operan en el país. De acuerdo con ambas carteras, esta medida pretende beneficiar a miles de trabajadores que ejercen para esas aplicaciones y no tienen condiciones laborales dignas.
Según la jefa de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez, esa reglamentación hacia los sectores que dependen y generan empleo mediante la economía digital nacional permite que los colaboradores de estas compañías tengan el derecho a la seguridad social, contribuyendo con esto al cubrimiento de sus necesidades básicas. Incluso, afirmó que esta sería una inyección a la productividad.
Por su parte, la ministra TIC, Sandra Milena Urrutia, dijo que esta es la oportunidad para que el Gobierno, empresarios y trabajadores lleguen a acuerdos para el cumplimiento del derecho a la seguridad social de quienes son empleados de estas 700 aplicaciones.
Al respecto, afirmó que tanto las experiencias de los trabajadores como de los generadores de empleo han servido para concluir que se necesita una reglamentación de esas compañías.
En el encuentro efectuado el lunes 23 de enero también se pusieron sobre la mesa las diferenciaciones de los trabajadores de estas aplicaciones respecto de algunos temas que serán incluidos en el proyecto de reforma laboral, el cual será presentado en el Congreso de la República en el transcurso del año: el significado de los trabajadores independientes, la caracterización de ese sector y el principio de favorabilidad.
Puntos a trabajar
Vale mencionar que, con respecto a la iniciativa de reforma, si bien la cartera enumeró diez temas, estos se distribuyen en dieciocho puntos que podrían ser más. Ello depende de las propuestas que lleguen a la discusión. Desde el 2002 no se realizaba un cambio normativo para estas actividades, siendo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el último que presentó una ley de esta naturaleza.
A su vez, el viceministro de trabajo, Edwin Palma, aseguró puntualmente que se derogará la Ley 789 que se presentó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según explicó, esto se sustentaría en los parámetros propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —Ocde—. En ese sentido, precisó que esta “fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro”.
También se conoció que la ronda de conversaciones continuará la próxima semana en Medellín. Allí se espera avanzar en los temas mencionados el lunes y priorizar otros que merecen ser incluidos en la subcomisión del proyecto de ley.
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