A la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le parece que la carrera para escoger a su sucesor en octubre comenzó con el pie izquierdo. Según ella, tanto la falsa denuncia sobre 300 desapariciones forzadas como la protesta de taxistas en la mañana del viernes 20 de enero son muestras de campaña sucia.
A través de su cuenta de Twitter, López denunció que “vamos en la tercera semana de un año electoral y unos candidatos optaron por empezar sus campañas con la mentira del ‘genocidio de 300 desaparecidos’ y otro con ‘soy intocable o bloqueo’”. La alcaldesa remató su mensaje con esta disuasión: “Bogotá no se merece que quienes aspiran a dirigirla sólo le ofrezcan difamación o agitación”.
La respuesta de la comunidad a este trino no ha sido amable. El concejal Luis Carlos Leal, del partido Alianza Verde, le respondió que la ciudad “no merecía que acabara con los hospitales públicos, mintiera frente a los tramos de TransMilenio en la séptima y la 68, permitiera la violación de derechos humanos en la protesta social, promoviera la privatización de la empresa de energía, engañara con Talento no Palanca y endureciera humedales”.
Nicolás Gómez Arenas, hijo del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez y militante del Movimiento de Salvación Nacional, la señaló de hacer lo mismo que ahora critica. “Tampoco merece incompetencia, mentiras y populismos baratos. Critica la mandataria a sus contendientes por iniciar campaña, pero ella lleva tres años en eso. Como diría su secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, mejor repartir plata que solucionar los problemas”, escribió.
Por su parte, el director de cine Carlos Gaviria apuntó: “Qué pena, pero lo de los 300 desaparecidos lo dijo un contratista, no un candidato”. Carlos Agudelo, creador de contenido, preguntó: “¿será que la señora Claudia López se puede dedicar a gobernar, o va a empezar campaña 10 meses antes?”.
Los dos ‘actos de campaña’
El primer escándalo al que se refiere López surgió tras una entrevista de la revista Cambio con el empresario Sergio Venegas. Según él, los hornos crematorios de cementerios como el Central de Bogotá, el Cementerio de Chapinero, el Cementerio del Sur y el Cementerio Parque Serafín, habrían sido utilizados para cremar unos 300 cuerpos registrados como NN, supuestamente de manifestantes en los dos estallidos sociales de Bogotá, ocurridos en septiembre de 2020 y en abril de 2021.
Vanegas también confesó haber entregado una coima de $1.500 millones de pesos a la entonces directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Amanda Camacho, para que cierto consorcio se quedara con el contrato de operación de los mencionados cementerios. Camacho presentó su renuncia al cargo tras este escándalo.
No obstante, el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, anunció que se interpuso una denuncia contra Venegas para que responda “por sus mentiras ante la Fiscalía General de la Nación. En Bogotá no se desaparecieron 300 personas en los cementerios. Inventarse un holocausto y una atrocidad como esta no le va impedir responderle a la justicia. Vamos a cuidar a Bogotá”.
El segundo supuesto acto de campaña fue protagonizado por el conductor de taxi Wilson Rodríguez Vargas, quien habría sido reconectado de una colostomía hace seis meses y estacionó irregularmente afuera de un centro comercial para hacer uso de un baño. Al regresar, las autoridades de tránsito le habían impuesto un comparendo y estaban listas para llevarse el carro, pero Rodríguez se encerró en él para tratar de evitar su traslado. Los taxistas decidieron bloquear las vías hasta altas horas de la madrugada como gesto de solidaridad con su compañero.
Ante ello, la alcaldesa dijo que la autoridad de tránsito ejerció “autoridad legítima” y señaló que “la influencia irresponsable de Hugo Ospina lleva a algunos taxistas a abusos y atropellos a la ciudadanía. Ese no es el camino. Todos debemos cumplir las normas”.
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