La Corte Suprema falló en contra del exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso, quien deberá purgar una pena en prisión de ocho años y cuatro meses.
También, deberá pagar una multa equivalente a 625 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de quedar inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El tribunal, en cabeza de la magistrada Blanca Nélida Barreto, determinó que Castellanos acepto un soborno para favorecer a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, conocido con el alias de El Mellizo durante la investigación desarrollada por Justicia y Paz. El entonces magistrado Castellanos le entrego al desmovilizado información privilegiada, así mismo dilato el trámite de exclusión, donde el exmagistrado ejerció como ponente.
En la valoración de la multa, la Sala considero la relevancia de la justicia transicional en el contexto colombiano. Al respecto, refirieron: “alternativa humanitaria para solventar conflictos del mayor impacto en las sociedades afectadas por severos, sistemáticos y permanentes hechos de violencia”.
Su calidad de juez en el sistema transicional agravaría los hechos, ya que estos funcionarios judiciales, por lo cual sus jueces y magistrados, adquieren un especial compromiso con la ciudadanía, y de ellos se esperan altas condiciones jurídicas y éticas.
Contra el acusado también cursaba un proceso por el delito de revelación de secreto, no obstante, la Sala declaró la preclusión de este delito por ausencia de querella.
Eduardo Castellanos Roso asumió el cargo de magistrado el 8 de junio del 2006. El fallo determinó que entre el 2013 y 2016 Castellanos recibió 50 mil dólares, de mano del abogado Marco Tulio Quintero Cano. El pago se habría realizado en tres desembolsos, los primeros por el monto de 20 mil dólares y el último por 10 mil.
En 2018, durante la investigación que procedió la Fiscalía por corrupción en Justicia y paz, el abogado Quintero fue llamado a rendir interrogatorio. Situación que le llevó a advertir Castellanos y solicitarle el pago de dinero a cambio de su silencio. Inicialmente, le exigió al magistrado 3.000 dólares, suma que subió a 10 mil.
Parte del repertorio de pruebas presentadas por la Fiscalía incluye: los mensajes de texto entre Quintero y Castellanos, así como grabaciones de encuentros presenciales desarrollados en Bogotá y Villavicencio.
Castellanos Roso quedo en libertad en 2021 por vencimiento de términos, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ya había determinado en enero del 2022 que el exmagistrado no podría volver a su cargo público.
Esto en respuesta a una misiva entregada por el acusado enviada ese mismo mes en donde solicitaba regresar a su cargo. “En ese orden, con todo comedimiento expreso que a partir de la fecha reasumo mis funciones como magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá”.
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