La policía rusa persigue a los dirigentes locales que pidieron la destitución de Vladimir Putin y que sea acusado de traición

Un grupo de miembros del consejo de distrito de San Petersburgo, la ciudad natal del presidente Vladimir Putin, pidió que se acusara al líder ruso de traición y se le destituyera de su cargo, en una rara pero descarada protesta contra la guerra en Ucrania.

La valiente medida del Consejo del Distrito de Smolninsky provocó una reacción previsiblemente rápida y poco amistosa. Un día después de que se hiciera pública la resolución contra Putin, una comisaría de policía local comunicó a los legisladores que se enfrentaban a cargos legales “debido a acciones dirigidas a desacreditar al actual gobierno ruso”.

La declaración del consejo de distrito llegó en forma de solicitud al parlamento ruso, la Duma Estatal, y afirmó que la decisión de Putin de invadir Ucrania el 24 de febrero provocó una pérdida masiva de vidas, convirtió a innumerables hombres rusos en veteranos discapacitados, obstaculizó la economía nacional y aceleró la expansión de la OTAN hacia el este.

Un segundo consejo municipal en el distrito Lomonosovsky de Moscú siguió el ejemplo y votó una moción similar pidiendo la renuncia de Putin. Las críticas abiertas a Putin son poco frecuentes, y aunque las dos mociones eran poco más que declaraciones simbólicas, representaban un notable reproche público. También sirvieron como prueba de que el apoyo público a la guerra en Ucrania no es universal, y podría estar erosionándose, tal y como ha revelado una reciente encuesta de la opinión pública rusa.

“Creemos que la decisión tomada por el presidente Putin de iniciar la operación militar especial es perjudicial para la seguridad de Rusia y sus ciudadanos”, decía el documento de Smolninsky presentado el miércoles por la noche.

“Le pedimos”, escribieron los legisladores, “que inicie una acusación de traición contra el presidente de la Federación Rusa para destituirlo”.

Putin creció en el barrio de Smolninsky y comenzó su carrera en San Petersburgo, donde fue teniente de alcalde. Muchos de los amigos más cercanos del presidente ruso siguen viviendo en San Petersburgo, donde algunos de ellos se han enriquecido fabulosamente durante los 22 años de Putin como líder supremo del país.

La Duma Estatal está controlada por el partido de Putin, Rusia Unida, y es su sello de goma, adoptando a veces sus políticas por unanimidad.

Los autores de la resolución admitieron que tenían pocas esperanzas de que su petición fuera atendida, pero que creían haber logrado su objetivo, en gran medida simbólico: hacer saber a otros rusos contrarios a la guerra que no están solos en su sentimiento, que a menudo se ve ahogado por la retórica militarista del Estado, de la que se hacen eco los propagandistas de la televisión controlada por el Estado.

El Kremlin ha prohibido las críticas a la guerra y ha iniciado una nueva represión de la disidencia, incluso de los periodistas.

“Entendemos que Putin no derramará una lágrima y detendrá la operación”, dijo Nikita Yuferev, uno de los siete consejeros que redactaron el documento, en una entrevista con The Washington Post. “Estas peticiones están escritas para la gente que todavía está en Rusia y para la que la propaganda intenta asegurar que son la minoría, que no hay gente que esté en contra de esto”.

La declaración del distrito de Lomonosovsky criticó la retórica de Putin y le instó a hacerse a un lado.

“La retórica que usted y sus subordinados utilizan está llena de intolerancia y agresividad”, decía la declaración. “La gente vuelve a temer y odiar a Rusia mientras amenazamos al mundo entero con armas nucleares”. El distrito de Lomonosovsky añadió: “Por lo tanto, pedimos que se le releve de sus funciones, ya que sus puntos de vista y su modelo de gobierno están irremediablemente anticuados.”

Yuferev dijo que, después de que su petición se hiciera viral en las redes sociales rusas, los concejales recibieron una “avalancha” de cartas de apoyo de personas que ofrecían desde ayuda legal hasta donaciones para cubrir las multas que probablemente se impongan a los políticos.

En marzo, los concejales de Smolninsky también escribieron una carta a Putin instándole a detener la guerra, ya que “está en juego el destino de miles de militares rusos y de millones de ucranianos”.

Poco después de que las tropas rusas cruzaran la frontera, el Kremlin aumentó el nivel de represión contra sus opositores, prohibiendo el uso de la palabra “guerra” al hablar de la invasión y amenazando con multas y penas de cárcel a quienes criticaran públicamente al ejército ruso. Miles de personas han huido del país y cientos han sido multadas o detenidas por manifestarse contra la guerra.

Aunque es poco probable que Putin se enfrente a ningún cargo, los legisladores ya están bajo presión y se enfrentan al menos a una multa.

Apenas un día después de que se hiciera público el documento, Yuferev recibió un mensaje de texto de una comisaría local en el que se le ordenaba acudir a declarar en un proceso iniciado contra él y otros miembros del consejo “por acciones destinadas a desacreditar al actual gobierno ruso”.

“Estamos seguros de que no hemos violado nada, ya que hemos actuado estrictamente de acuerdo con el procedimiento legal escrito en la Constitución”, dijo Yuferev. “Por supuesto, vivimos en un país en el que aunque todo se haga legalmente, pero se quiera castigar, se hará... pero podemos gestionar una multa de 50.000 rublos”. (Al cambio actual, la multa asciende a unos 850 dólares).

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