Juan Guaidó exigió a Alberto Fernández y López Obrador que se pongan del lado de las víctimas y no de la dictadura chavista investigada por la CPI

El Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, volvió a referirse este viernes a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar los crímenes de lesa humanidad ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro, e hizo un llamado a los presidentes de Argentina y de México para que se pongan del lado de las víctimas venezolanas.

“Llamo a los países vecinos y aliados de la causa democrática en Venezuela: es hora de proteger a las víctimas. Hago un llamado a Alberto Fernández, presidente de Argentina: es hora de proteger a las víctimas de los crímenes atroces que se siguen cometiendo en Venezuela. Sé que son defensores de los derechos humanos. Hago un llamado al presidente (Andrés Manuel) López Obrador: ¿valió la pena invitar a un dictador a la Cumbre de Presidentes de la Celac?; ¿valió la pena manchar esa Cumbre con quien hoy está señalado por la Corte Penal Internacional?”, interpeló Guaidó.

Tanto México como Argentina han evitado condenar en los distintos organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Incluso, el pasado mes de septiembre el dictador Maduro viajó a México para participar de la cumbre de la Celac.

Por su parte, Guaidó aprovechó para hacer una llamado de atención a las Fuerzas Armadas venezolanas e instó a que colaboren con la justicia.

“Les hago un llamado de atención a los que pueden detener los crímenes en curso: ¿Van a colaborar con la justicia? La Fuerza Armada sabe lo que significa el Estatuto de Roma. Es momento de con claridad dar avances importantes en la justicia”, sentenció.

En una transmisión en sus redes sociales el líder venezolano indicó que a pesar de la censura que ha generado el régimen de Maduro y la falsa propagandas de aparente control que transmiten “no pueden ocultar ante el mundo la tragedia que han ocasionado”.

El miércoles, tras la decisión de la CPI, el líder opositor había dicho que la misma reivindicaba el derecho de obtener justicia (...) que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares”.

“Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido: colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando”, agregó.

La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, según un memorando firmado este miércoles por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Nicolás Maduro.

Khan “ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela” y “ha determinado que procede abrir una investigación”, apunta el documento, en el que la CPI y el gobierno de Maduro acuerdan que el país “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia”, con “el apoyo y el compromiso activo” de la CPI.

Pactaron igualmente “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes”, según el texto leído en un encuentro entre Khan y Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

El fiscal de la Corte Penal Internacional expuso sus argumento frente al dictador Maduro y a la cúpula del régimen chavista en el Palacio Miraflores. Durante su intervención, pidió que el trabajo de su oficina no sea politizado. “Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones geopolíticas, nosotros no somos políticos. No guían los principios de legalidad, y el estado de derecho. Les pediré a todos ahora en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo”.

La CPI, con sede en La Haya, mantiene abierto un examen preliminar a Venezuela, desde febrero de 2018, por supuestos abusos a sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

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